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Cenagas recortó 80% del presupuesto de mantenimiento del SNG y ejecutó sólo 33 millones de 159; expertos advierten riesgo operativo y costos en 2025 crecientes.
El gas natural es el combustible silencioso que sostiene a México, alimenta generación eléctrica, procesos industriales, manufactura, acero, vidrio, cementeras y una parte enorme de la competitividad exportadora. Por eso, cuando el operador del sistema de ductos reduce mantenimiento, la noticia no es técnica, es estratégica. Reportes señalan que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) recortó de forma drástica el gasto para obras de mantenimiento del Sistema Nacional de Gasoductos, con una ejecución muy por debajo de lo presupuestado.
El dato que encendió alarmas es contundente. Ya que de 159 millones de pesos presupuestados, sólo se invirtieron 33 millones en un ducto, lo que implica un recorte cercano a 80% en ese rubro, según el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios (PAOPS) 2025.
La primera implicación es de confiabilidad. Los ductos no “fallan” de golpe por capricho, envejecen, sufren corrosión, movimientos de suelo, daños por terceros, fatiga, y requieren inspección, protección catódica, derecho de vía cuidado y reparaciones preventivas. Cuando el mantenimiento se vuelve reactivo, el sistema puede operar durante un tiempo… hasta que un evento climático, una contingencia o una falla local se convierta en restricción de capacidad. En un país que depende fuertemente de importaciones de gas por ducto desde Estados Unidos, el riesgo no es sólo de suministro, sino de incapacidad interna para mover el gas hacia donde se necesita en el momento crítico.
La segunda implicación es financiera y regulatoria. Cuando hay un recorte de mantenimiento, el costo no desaparece, se difiere y se multiplica. Una reparación correctiva suele ser más cara que una intervención preventiva, y además genera costos indirectos: paros, penalizaciones contractuales, necesidad de combustibles alternos, y en casos extremos, afectaciones a la operación eléctrica. Es el tipo de dinámica que termina trasladándose a precios o a presión fiscal. Por eso, para el sector privado, la noticia no se lee como “gasto público”, sino como un factor de riesgo operativo.
Cenagas, por su parte, mantiene canales de información operativa para el sistema, incluyendo avisos e informes y programas de mantenimiento. Esa infraestructura informativa existe y es valiosa, pero no sustituye el presupuesto físico. Un sistema puede comunicar muy bien sus condiciones y, aun así, estar subatendido si la inversión no alcanza. La combinación de recortes y creciente demanda industrial es la receta clásica para tensiones regionales: zonas que crecen más rápido que la capacidad logística, o regiones donde cualquier incidente se convierte en cuello de botella.
La tercera implicación es de percepción de riesgo país sectorial. En gas natural, la inversión privada observa no sólo la demanda, también la robustez institucional de la infraestructura común. Un recorte pronunciado en mantenimiento manda una señal incómoda a usuarios ancla, a desarrolladores de parques industriales y a nuevas inversiones energointensivas: la capacidad de México para garantizar continuidad puede depender de factores presupuestales. Y eso es justamente lo que el nearshoring no quiere escuchar.
Hay además un ángulo de seguridad industrial. Aunque los sistemas de transporte están diseñados con estándares y operación controlada, la ausencia de mantenimiento suficiente eleva la probabilidad de incidentes, y los incidentes en gas pueden ser catastróficos. En ese punto, la conversación deja de ser de “eficiencia” y se convierte en una discusión de riesgos críticos. El sistema puede operar con márgenes estrechos, pero el costo de un evento serio, incluso si es local, puede tener impacto reputacional nacional.
En este contexto, los industriales deberían estar poniendo atención a tres preguntas: qué tramos o regiones podrían ser más vulnerables, qué tan rápido se podrían implementar mantenimientos correctivos si aparece un problema y qué alternativas de suministro existen en caso de restricciones. Para generadores eléctricos, la pregunta es aún más urgente: si el gas se restringe, se presiona el despacho y se elevan costos de respaldo. Y para el gobierno, el dilema es estructural: el gas sostiene actividad económica, pero el sistema requiere inversión constante para no degradarse.
La discusión que viene será inevitable. Si el recorte de mantenimiento se confirma como tendencia, México tendrá que decidir si fortalece su infraestructura de gas con inversión sostenida o si acepta operar con mayor riesgo. En 2026, con una industria que busca estabilidad, la segunda opción no es barata: sólo parece barata hasta que deja de serlo.
