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Empresas ajustan plantillas ante reforma laboral y aumento en costos por horas extra.
La reducción de la jornada laboral en México, que entrará en vigor formalmente en 2027, ya comienza a generar efectos en la organización interna de las empresas. Ante el actual esquema legal, donde las horas extra se pagan al doble o al triple, los negocios buscan reorganizar turnos y puestos de trabajo para evitar que los costos laborales se disparen.
“Si la disminución de horas trabajadas no viene acompañada de un aumento en la productividad, el impacto podría trasladarse al mercado laboral formal”, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.
De acuerdo con Siller, el riesgo inmediato se ubica en 2026. Si los mayores costos asociados a la reforma laboral no se compensan con un repunte en la inversión y la productividad, las empresas podrían optar por reducir la contratación formal o frenar nuevas plazas.
La presión es doble: por un lado, mayores salarios y menos horas; por el otro, un entorno económico que aún requiere dinamismo en inversión privada. Sin ese equilibrio, el mercado formal podría debilitarse aún más.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que laboran más de 40 horas y más de cinco días a la semana son los que resentirán con mayor intensidad el ajuste.
El sector de industria extractiva encabeza la lista, pues 34% de su población ocupada trabaja bajo esquemas que superan las 40 horas semanales. Le siguen transportes y comunicaciones con 31%, comercio con 30% e industria manufacturera con 28%. En estos sectores predominan esquemas de operación continua o turnos escalonados.
Particularmente en la manufactura y en actividades extractivas es común la operación en tres turnos de ocho horas o incluso dinámicas 24/7, lo que implicará ajustes operativos y posibles incrementos en los costos laborales.
Informalidad, el principal freno
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Inegi, muestran una tendencia preocupante. En 2025, la población ocupada creció en 298,308 personas; sin embargo, este incremento se explicó totalmente por el avance del empleo informal.
De acuerdo con la encuesta el empleo informal aumentó en 493 mil 821 personas, mientras que el empleo formal cayó en 195 mil 513 plazas.
Esto significa que el segmento más productivo, aquel que incluye prestaciones laborales y mayor estabilidad, se redujo, mientras que la informalidad absorbió la mayor parte del crecimiento laboral.
Productividad, la variable clave
Especialistas han advertido que la reducción de la jornada puede traducirse en beneficios sociales y laborales, pero solo será sostenible si va acompañada de mejoras en productividad.
Siller indicó que, si las empresas no logran elevar su eficiencia operativa y tecnológica, el incremento en costos podría trasladarse a menores contrataciones formales o a una mayor migración hacia esquemas informales.
“En este escenario, la informalidad se consolidaría como el principal obstáculo para el crecimiento económico, al limitar la recaudación, reducir la cobertura de seguridad social y mantener baja la productividad promedio del país”, destacó Siller.
Los cambios en la jornada laboral se enfrentan a la disyuntiva de mejorar las condiciones de los trabajadores y no erosionar la base formal del empleo. En este sentido, el equilibrio entre mejores condiciones laborales, mayor inversión y aumento de productividad será determinante para que la reforma cumpla su objetivo sin profundizar el deterioro del empleo formal.
