Claudia Sheinbaum defendió en Tula la reintegración vertical de Pemex y CFE como empresas públicas, ligada a reformas constitucionales, soberanía y recuperación del control estatal.
En un discurso en Tula, Hidalgo, el 4 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la transformación jurídica e institucional de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un punto de quiebre en la política energética nacional. Según explicó, a partir de 2025 se aprobaron reformas legislativas y constitucionales que permitieron la “reintegración vertical” de Pemex y un cambio similar en la estructura de CFE.
El eje central de esta reconfiguración es la existencia de un solo Consejo de Administración para todas las subsidiarias de Pemex, modelo que también se replicó en la empresa eléctrica. Sheinbaum sostuvo que esta integración vertical ofrece mayor productividad, control y desarrollo, además de reducir espacios para la corrupción, al concentrar decisiones estratégicas que antes estaban fragmentadas en múltiples órganos corporativos.
La presidenta contrastó este esquema con el periodo previo a la llamada Cuarta Transformación. Recordó que, desde principios de los años noventa, el objetivo de la política energética habría sido reducir gradualmente la capacidad de Pemex y abrir espacio al capital privado, nacional y extranjero, particularmente en exploración y producción. Mencionó como hitos la reforma de 1992 y la reforma energética de 2013, que introdujo las rondas petroleras para asignar bloques a compañías privadas.
Sheinbaum subrayó que, en su lectura, la apertura no se tradujo en el aumento esperado de producción y que el país llegó a 2018 con una tendencia descendente en la extracción de crudo, altos niveles de endeudamiento y refinerías casi paralizadas. Señaló que la deuda de Pemex alcanzó alrededor de 100 mil millones de dólares, mientras la producción caía y varias refinerías operaban a baja carga.
Uno de los cambios más relevantes, de acuerdo con su mensaje, es la modificación al artículo 28 constitucional, mediante la cual Pemex y CFE dejaron de ser clasificadas como “empresas productivas del Estado” para ser reconocidas de nuevo como “empresas públicas del Estado”. La presidenta argumentó que la figura anterior les restaba carácter público y que la nueva denominación reafirma su condición de empresas “del pueblo de México y de la nación”.
En este marco, Sheinbaum sostuvo que la nueva política energética pretende fortalecer la soberanía nacional y asegurar que Pemex y CFE puedan producir energía, petrolíferos y otros productos sin ser considerados monopolios, al amparo de la Constitución y del nuevo diseño institucional.
