Pemex y CFE enfrentan más de 59 mil juicios y contingencias por 100 mil millones de pesos, incrementando la presión legal sobre ambas empresas estatales.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentran el mayor peso de contingencias legales del sector público y se han convertido en un foco creciente de riesgo fiscal para el Estado mexicano. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, Pemex enfrenta 55,196 juicios de diversa índole, con un monto estimado de posibles pérdidas por 83,182 millones de pesos, mientras que la CFE acumula 3,824 juicios con una provisión de 17,941 millones de pesos. En conjunto, las dos empresas energéticas públicas encaran contingencias que superan los 100 mil millones de pesos.
En el caso de Pemex, la mayor parte de los procedimientos son de carácter laboral: 44,520 juicios, con un impacto potencial de 26,752 millones de pesos. A ello se agregan 7,633 juicios mercantiles, por 4,333 millones de pesos, que se vinculan directamente con inconformidades de proveedores y contratistas por pagos incumplidos o disputas contractuales. Esta presión legal ocurre en paralelo a un aumento de los adeudos comerciales: estimaciones de analistas y organizaciones como México Evalúa han señalado que los pasivos con proveedores de Pemex superaron los 500 mil millones de pesos en 2025, después de crecer más de 30% en un año, lo que ha derivado en retrasos de pagos, litigios y ruptura de cadenas de suministro.
El portafolio legal de Pemex también incluye 552 juicios administrativos (22,553 mdp), 482 agrarios (1,346 mdp), 583 ambientales, así como 667 juicios civiles, 25 fiscales (17,297 mdp), 536 juicios de amparo y 9 procesos de arbitraje internacional por presuntos incumplimientos contractuales, cuyo impacto potencial se estima en 8,001 millones de pesos. El volumen de litigios refleja no solo la magnitud operativa de la empresa, sino también la acumulación de conflictos derivados de retrasos de pago, rescisión de contratos y afectaciones a comunidades y propietarios de tierras.
En paralelo, CFE reporta 185 juicios administrativos, 69 civiles, 273 mercantiles, 41 agrarios, 2 ambientales y 6 arbitrajes internacionales con un impacto potencial superior a 8,269 millones de pesos. Para ambas empresas, los juicios mercantiles y de arbitraje se relacionan con disputas contractuales y reclamos de proveedores o socios, en un entorno donde los retrasos de pago y la presión presupuestal se han vuelto recurrentes.
En suma, el aumento en los litigios –en especial laborales y mercantiles– está estrechamente ligado al número creciente de proveedores, contratistas y trabajadores inconformes por falta de pago oportuno, ajustes operativos y recortes de inversión, lo que añade una capa adicional de riesgo financiero y operativo al proceso de “rescate” de las empresas energéticas del Estado.
