La extorsión creció 37.4% en la frontera sur, muy por encima que en el norte, elevando la presión sobre corredores logísticos y cadenas de suministro claves en la región.
La extorsión en México mantiene una trayectoria ascendente y se consolida como uno de los principales riesgos para la operación empresarial, con una presión fuerte sobre los corredores logísticos de la frontera sur, de acuerdo con un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al cierre de 2025, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que 17.35% de los delitos de extorsión se concentran en entidades fronterizas, de los cuales 5.07% corresponden a la frontera sur. Si bien esta proporción es menor a la de la frontera norte, la velocidad de crecimiento revela un foco de alerta.
El análisis del organismo empresarial destaca que la frontera sur registró un incremento de 37.4% en extorsión, muy por encima del 7.9% observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.
“Este comportamiento se da en un contexto donde la extorsión dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un costo estructural para las empresas, afectando decisiones de inversión, encareciendo la operación cotidiana y limitando el crecimiento, especialmente en regiones estratégicas para el comercio y la movilidad de mercancías”, alertó el organismo.
Los corredores logísticos del sur de México, incluidos puertos, rutas ferroviarias y carreteras que conectan con Centroamérica y con plataformas de exportación global, son estratégicos para la economía del país y tienen impacto directo en el comercio, inversión y desarrollo regional, por lo que el aumento de la inseguridad representa una amenaza local y nacional.
Un problema que se expande en el país
El balance nacional refuerza la gravedad del problema. En 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades federativas, lo que implica que el delito aumentó en casi dos tercios del territorio nacional. En la última década, el número anual de víctimas pasó de 6,223 en 2015 a 11,081 en 2025, un incremento de 78.1%, considerando únicamente los casos denunciados.
Estas cinco entidades concentran 65.2% de las víctimas: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, mientras que las diez entidades con mayor incidencia acumulan 81% del total nacional, lo que evidencia una alta concentración territorial del delito.
Impacto directo en las empresas
La presión de la extorsión también se refleja en la experiencia empresarial, pues los datos muestran que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo ilícito más reportado.
En 68.8% de los casos, el delito se cometió vía telefónica y en 31.2% el cobro estuvo vinculado con supuestas autoridades o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el impacto económico y erosiona la confianza institucional.
Ante este escenario, la Coparmex sostuvo que la extorsión debe ser tratada como prioridad nacional de política pública, y aunque reconoció la aprobación de la Ley General en la materia, advirtió que es indispensable que los gobiernos estatales constituyan unidades especializadas en las fiscalías para combatir este delito.
El organismo empresarial señaló que fortalecer el Estado de Derecho y garantizar seguridad efectiva es clave para proteger la inversión, preservar el empleo formal y asegurar la operación de corredores logísticos estratégicos, especialmente en regiones donde la presión del crimen organizado continúa en ascenso.
