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Las contradicciones en materia de inversión pública y privada comienzan a perfilarse como uno de los principales riesgos para 2026, particularmente en sectores estratégicos del país.
En este 2026, existen señales contradictorias de inversión en sectores económicos clave: energía, telecomunicaciones e infraestructura, lo que representa un factor de incertidumbre para el crecimiento y la estabilidad económica del país, advierte la firma Integralia.
De acuerdo con el estudio “10 riesgos políticos para 2026”, elaborado por Integralia, estos tres sectores concentran los principales riesgos, ya que, además de ser estratégicos, combinan una alta participación del Estado con esquemas limitados de inversión privada.
Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey, indicó que estos sectores son clave para garantizar que las inversiones que hay en el país crezcan y que a su vez lleguen nuevas, pero para ello el gobierno se vuelve un actor clave que debe garantizar certidumbre y propiciar las condiciones para que eso suceda.
Energía: participación mixta y restricciones
En el sector energético, Integralia identifica que la inversión en electricidad se reparte en 54% por parte del gobierno y 46% por privados, lo que refleja un esquema mixto. Sin embargo, el estudio señala que los contratos mixtos en hidrocarburos resultan insuficientes, al tiempo que persisten limitaciones regulatorias.
Asimismo, se destaca la figura de autoconsumo en electricidad, así como la entrada de capital privado acotada a proyectos de energía limpia, lo que genera señales poco claras para los inversionistas.
“El gobierno se tiene que replantear el modelo energético que han promovido en los últimos siete años, no todo está mal, pero hay cosas que no están funcionando y hay que corregirlas”, indicó Magaña.
Telecomunicaciones: costos, control y distorsiones
En el sector de telecomunicaciones, el estudio de Integralia señala que el alto costo del espectro radioeléctrico frena el despliegue de infraestructura y limita la conectividad.
A ello se suma la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como el fortalecimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que implica un mayor control administrativo sobre el ecosistema digital.
El análisis también identifica una distorsión al mercado derivada de la compra de Altán Redes, elemento que añade incertidumbre regulatoria al sector.
Infraestructura: concesiones y obra pública
En materia de infraestructura, Integralia advierte una incertidumbre en las concesiones, particularmente en proyectos ferroviarios. El estudio también señala la militarización de la obra pública frente a la apertura al capital privado, lo que genera tensiones en los esquemas de inversión.
Adicionalmente, se identifica un estigma político contra las asociaciones público-privadas, así como la ausencia de un esquema claro para el desarrollo de proyectos de infraestructura, factores que limitan la participación privada.
Cabe destacar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el año cerrará con una caída de la inversión física en obras de 29.10%, a tasa anual, lo cual golpea el desarrollo que requiere el país para que las inversiones crezcan.
Un riesgo estructural para el crecimiento
El estudio concluye que estas señales contradictorias constituyen un riesgo político relevante rumbo a 2026, al afectar la confianza de los inversionistas y la viabilidad de proyectos estratégicos en sectores clave para el desarrollo económico.
