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La Corte Suprema de EU permitió que siga la demanda contra Citigroup por el fraude de Oceanografía ligado a contratos con Pemex, con reclamos superiores a US$1,000 millones.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de Citigroup mantiene abierta una de las controversias financieras más relevantes relacionadas con el caso Oceanografía y sus vínculos con Pemex. El máximo tribunal estadounidense dejó intacto el fallo de una corte de apelaciones de mayo de 2025, que reactivó la demanda presentada por más de 30 reclamantes –incluidos tenedores de bonos de Oceanografía, compañías navieras y el banco Rabobank– contra Citigroup por presuntas pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares.
El litigio se deriva del esquema de financiamiento estructurado que Banamex, filial mexicana de Citigroup, otorgó a Oceanografía entre 2008 y 2014. Bajo este modelo, el banco adelantaba recursos con base en cuentas por cobrar respaldadas en contratos y autorizaciones de Pemex. La acusación sostiene que Oceanografía falsificó firmas y documentación de Pemex para obtener anticipos indebidos, mientras Citigroup habría ignorado señales de alerta sobre la fragilidad financiera de la compañía y la calidad de las garantías.
En 2014, el gobierno mexicano embargó Oceanografía y en 2016 la empresa se declaró en quiebra, dejando a una amplia base de acreedores sin recuperación adecuada. Citigroup reconoció en su momento alrededor de 430 millones de dólares en anticipos fraudulentos y posteriormente fue sancionado por la SEC con una multa de 4.75 millones de dólares por deficiencias en los controles internos de Banamex, lo que reforzó los cuestionamientos sobre la gestión de riesgos del grupo financiero.
La Corte de Apelaciones del 11º Circuito consideró que las alegaciones de los demandantes eran suficientemente sólidas como para proceder bajo la legislación estadounidense, señalando que resultaba “difícil de creer” que un banco de la sofisticación de Citigroup desconociera lo que ocurría con Oceanografía mientras se beneficiaba de los intereses generados por el esquema de financiamiento. El uso de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) es clave, ya que permite reclamar daños triplicados en casos de fraude y extorsión.
Citigroup intentó limitar el alcance de la demanda, argumentando que las reclamaciones de los tenedores de bonos no debían tramitarse bajo RICO, alegando conflicto con criterios de otros tribunales federales. La negativa de la Corte Suprema a revisar el caso implica que el proceso continuará en instancias inferiores, con potenciales efectos financieros relevantes para el banco y con implicaciones reputacionales para Pemex y para el propio sistema de financiamiento ligado a contratos de la petrolera mexicana.
