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En el Congreso GLP 2025, Adrián Calcáneo (OPIS) advirtió que el precio máximo del gas LP limita la inversión en un mercado dependiente de importaciones. Propuso focalizar subsidios, reforzar seguridad y atender la pobreza energética con esquemas nacionales más eficaces.
En el segundo día del Congreso GLP 2025, el sector gasero mexicano y representantes internacionales se reunieron para contrastar diagnósticos sobre uno de los combustibles más sensibles para la economía familiar y la operación industrial del país. En ese marco, Adrián Calcáneo, Vicepresidente de Energía y Materias Primas de OPIS, delineó una lectura crítica del mercado del gas LP, donde la política de precio máximo, la presión regulatoria y la pobreza energética se entrelazan en un equilibrio complejo.
Calcáneo partió de un dato que explica la dimensión social del combustible. En México, recordó, “ocho de cada diez familias utilizan el gas LP para calentar el agua”. Esa dependencia vuelve inevitable que el gas LP esté atado a la política pública, pero también exige que las decisiones de control de precios se evalúen desde su impacto en inversión, seguridad y continuidad operativa.
Desde su perspectiva, el reto principal del mercado no es tecnológico ni internacional por sí mismo, sino interno. El esquema de precio máximo vigente desde hace varios años, dijo, ha generado una desconexión entre el objetivo social de contener costos y las necesidades reales de un sector que requiere inversión constante. La razón de fondo es estructural: México importa alrededor del 80% del gas LP que consume desde Estados Unidos, lo que obliga a sostener una logística intensiva en transporte, almacenamiento, terminales y distribución.
En ese contexto, el control de precios afecta el flujo que permite modernizar infraestructura y reforzar seguridad. Para Calcáneo, este punto se vuelve aún más relevante en meses clave para la planeación financiera de los distribuidores. “El precio de referencia internacional está extremadamente bajo”, explicó, al señalar que un techo rígido puede convertir ciertos periodos en meses perdidos para recuperar márgenes y prepararse para la temporada invernal, cuando el consumo suele incrementarse.
Además del debate de precios, el especialista subrayó que el sector opera bajo una presión regulatoria creciente. Nuevas obligaciones en seguridad, monitoreo y control demandan inversiones directas en cilindros, autotanques, plantas y sistemas de supervisión. En un mercado altamente importador, cualquier fricción logística se traduce en costos reales, por lo que el equilibrio entre precio social y capacidad de reinversión se convierte también en un tema de seguridad pública.
Su argumento central es que el precio máximo funciona como un subsidio, pero de naturaleza atípica. “Este es en realidad un subsidio que el gobierno no está pagando”, afirmó. En la práctica, dijo, el costo se traslada a los distribuidores, quienes terminan financiando la reducción del precio con sus propios márgenes. Esto, advirtió, tensiona la capacidad del sector para absorber simultáneamente mayores exigencias regulatorias y la necesidad de inversión para hacer más eficiente y segura la cadena.
Calcáneo agregó que el problema no se limita a quién financia el subsidio, sino a su diseño social. Al tratarse de un apoyo generalizado, beneficia de manera proporcional a quienes más consumen, lo que puede volverlo regresivo. Su planteamiento apunta a una alternativa: orientar el beneficio a las familias de menores ingresos y permitir que el resto del mercado opere con señales de precio más cercanas a los costos reales de suministro. Un esquema así, sugirió, liberaría recursos para reinversión sin abandonar el objetivo de protección social.
El debate se reforzó con una preocupación persistente en el sector: la pobreza energética. Calcáneo recordó que alrededor de 18 millones de personas en México siguen sin acceso confiable a combustibles modernos y dependen de leña u otros materiales para cocinar y calentarse. En su visión, sacar a esta población de ese rezago es una política de salud pública y justicia social, además de un alivio para ecosistemas presionados por la recolección de biomasa.
En este punto, cuestionó la orientación territorial de algunos esfuerzos recientes. Mencionó que Gas Bienestar surgió con una intención social clara, pero su despliegue se concentró en zonas urbanas del Valle de México. En cambio, señaló, llevar el gas LP a regiones aisladas —donde cocinar con leña sigue siendo el estándar— tendría un impacto más directo en bienestar y medio ambiente.
Para ilustrar rutas posibles, citó experiencias fuera del país. En Brasil, explicó, se impulsa un programa que entrega uno o dos cilindros al mes a hogares de bajos recursos para acelerar el cambio de leña a gas. A su juicio, este tipo de esquemas permiten mantener una política social explícita sin desfondar al mercado encargado de garantizar seguridad, distribución y continuidad.
Calcáneo colocó también el tema en una discusión global de transición energética. Mientras la conversación internacional se centra en electrificación y gas natural, recordó que millones de personas aún enfrentan una transición más básica: dejar la biomasa. En el mundo, explicó, cerca de 3 mil millones de personas utilizan gas LP para cocinar y alrededor de 2.5 mil millones aún dependen de leña, por lo que el combustible sigue siendo un puente crítico hacia opciones más limpias.
En el Congreso GLP 2025, la intervención de OPIS dejó sobre la mesa un debate abierto sobre cómo rediseñar el equilibrio entre precio, inversión y protección social, en un mercado que no solo mueve cifras, sino condiciones de seguridad y calidad de vida para millones de hogares.
