Un empresario mexicano fue condenado en EE.UU. por sobornar a funcionarios de Pemex y PEP. Pagó más de 150 mil dólares para asegurar contratos.
Un jurado federal en Houston condenó el 29 de noviembre de 2025 a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano y residente legal en Estados Unidos, por participar en una trama de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). La condena está vinculada a la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), legislación estadounidense que sanciona actos de corrupción cometidos fuera del país pero con ramificaciones o ejecución desde su territorio.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Rovirosa, de 46 años y residente de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos entre 2019 y 2021 para obtener y retener contratos públicos, así como para acelerar pagos pendientes de Pemex y PEP. Los sobornos se entregaron en efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor, y estuvieron dirigidos al menos a tres funcionarios públicos mexicanos, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.
Estos actos permitieron que las empresas asociadas con Rovirosa obtuvieran contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares, de acuerdo con los documentos del juicio. Junto a Rovirosa, participó en el esquema Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, también ciudadano mexicano y residente legal en Spring, Texas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia estadounidense.
Rovirosa fue declarado culpable de un cargo de conspiración para violar la FCPA y de dos cargos adicionales por violaciones directas de la misma ley. Fue absuelto de un cuarto cargo. Ahora enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
La investigación estuvo encabezada por el FBI y la Oficina del Inspector General del FDIC. Las autoridades señalaron que este tipo de esquemas socavan la competencia leal en los contratos públicos y representan un grave riesgo reputacional para Pemex, una empresa estatal que ya enfrenta múltiples cuestionamientos sobre su gobernanza y transparencia.
Este caso se suma a una larga lista de escándalos de corrupción vinculados al sector energético mexicano, donde la opacidad en las adjudicaciones y la debilidad de los mecanismos de control siguen siendo desafíos persistentes. Desde 2010, más de una decena de empresas han sido investigadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. por prácticas similares ligadas a funcionarios mexicanos.
