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Grupo México detuvo operaciones en plataformas petroleras por adeudos de Pemex, evidenciando una crisis financiera que contrasta con el discurso oficial de recuperación.
Mientras el discurso oficial destaca un avance sostenido en las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la realidad operativa en el sector revela una situación mucho más crítica. Cerca de la mitad de las plataformas petroleras del país están detenidas por falta de pagos de la empresa productiva del Estado a sus proveedores, según reveló la columnista de El Financiero, Jeanette Leyva Reus.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Grupo México, encabezado por Germán Larrea, que decidió suspender operaciones en las cuatro plataformas petroleras que controla, sin fecha clara para el reinicio de actividades. Esta medida obedece no solo a la falta de pago, sino también a una estrategia para contener los costos operativos ante la creciente incertidumbre financiera de Pemex.
La problemática tiene un trasfondo estructural: el presupuesto asignado a la división de exploración y producción de Pemex fue recortado de 25 mil millones a apenas 9 mil millones de dólares, afectando la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones contractuales. Como resultado, muchas compañías han paralizado sus actividades, lo que impacta directamente en la producción nacional de hidrocarburos.
La estrategia de Grupo México incluye el traslado de sus plataformas al estado de Campeche, lo que ha permitido reducir más del 85% de sus costos operativos, una medida de contención ante la falta de pagos por parte de Pemex que ya ha deteriorado significativamente sus flujos de caja.
A pesar de que el gobierno federal ha asegurado avances en los pagos, Jeanette Leyva subraya que los números desmienten esa narrativa, y la situación sigue siendo crítica para proveedores de todos los tamaños. El caso de Grupo México ilustra la profundidad del problema y anticipa un panorama complejo para la cadena de suministro petrolera.
En este contexto, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado un plan de capitalización para que Pemex deje de depender de Hacienda a partir de 2027, con la meta de reducir su deuda a 77.3 mil millones de dólares en 2030. Sin embargo, los efectos inmediatos del ajuste presupuestal ya se sienten en la operación diaria de la empresa, cuya crisis de pagos amenaza con erosionar aún más su capacidad productiva.
