La SENER abre convocatoria para nuevos proyectos eléctricos privados por 5,970 MW, con grandes oportunidades de inversión, aunque con barreras regulatorias y operativas por superar.
La Secretaría de Energía (SENER) ha lanzado hoy una ambiciosa convocatoria dirigida al sector privado para desarrollar hasta 5,970 megawatts (MW) de nueva capacidad eléctrica en México. Este esfuerzo, alineado con la Planeación Vinculante del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), marca un parteaguas para la inversión privada en un contexto de creciente demanda energética, presión por la transición energética y búsqueda de confiabilidad operativa.
Del total de capacidad requerida, 3,790 MW corresponden a energía solar fotovoltaica, 2,180 MW a eólica y 30 MW a otros tipos de generación. La magnitud del llamado representa una oportunidad única para desarrolladores, fondos de inversión, fabricantes de equipos y empresas de servicios energéticos que buscan insertarse o expandirse en el mercado mexicano.
Con un proceso estructurado en cinco etapas —desde el registro de interés hasta la obtención del permiso de generación y el seguimiento a la ejecución— la SENER busca garantizar orden, transparencia y trazabilidad, elementos que suelen estar ausentes en procesos anteriores. Esta apertura, especialmente en un entorno donde predomina la intervención estatal vía CFE, representa un mensaje positivo para el mercado.
Además, se ha habilitado una Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos (VUPE), lo que agiliza la presentación de documentos, pagos al CENACE, gestión de permisos y evaluación de estudios técnicos. La digitalización de estos trámites es una mejora sustancial frente a las prácticas del pasado reciente, caracterizadas por opacidad y lentitud.
Para participar, los proyectos deben ubicarse en regiones prioritarias, estar alineados con los requerimientos técnicos de entrada en operación comercial, y contar con viabilidad técnica, social y ambiental. Esto implica presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Evaluación de Impacto Social (EVIS o MISSE), y documentación legal sobre la tenencia del terreno.
Uno de los principales retos es que muchos desarrolladores aún enfrentan demoras en los permisos ambientales por parte de SEMARNAT o en los dictámenes sociales. Esto podría excluir buenos proyectos por cuestiones burocráticas más que técnicas.
Además, los proyectos deben aceptar, de manera irrevocable, los costos de obras de refuerzo e interconexión que el CENACE determine. Aunque esto da certidumbre sobre los requisitos técnicos, representa una barrera de entrada para pequeños desarrolladores que no cuentan con respaldo financiero sólido.
Otro punto crítico es que aquellos que tengan permisos en trámite ante la extinta CRE o la anterior CNE deberán desistirse para poder participar, lo que podría generar fricciones jurídicas o controversias entre actores que habían confiado en procesos anteriores.
Uno de los aspectos más positivos es que, cuando se rebase la capacidad requerida, se dará prioridad a proyectos con mayores beneficios al SEN, en aspectos como confiabilidad, inversión social, innovación tecnológica y justicia energética. Esto abre la puerta a modelos de negocio innovadores: híbridos con almacenamiento, tecnologías limpias de última generación, o incluso proyectos con fuerte enfoque comunitario.
El componente de “justicia energética”, que contempla mayor inversión en planes de gestión social, representa una gran oportunidad para desarrolladores con experiencia en proyectos sostenibles o con compromiso social. Asimismo, el impulso a la “innovación tecnológica” puede beneficiar a empresas que incorporen IA, digitalización, o modelos de generación distribuida escalables (aunque estos últimos no estén incluidos en esta convocatoria).
Pese a los avances, existen áreas que requieren ajustes. Por ejemplo, el calendario es sumamente apretado: los registros se cierran el 24 de octubre y los permisos se entregan a más tardar el 30 de enero de 2026. Esto presiona a los desarrolladores a cumplir en tiempo récord con estudios, pagos, y documentación legal.
También se extraña una mayor claridad en los mecanismos de financiamiento público o esquemas mixtos de asociación con CFE. La convocatoria parece diseñada exclusivamente para capital privado robusto, sin incentivos a proyectos sociales, PYMEs o esquemas de coinversión.
Además, el sistema de aceptación “irrevocable” de costos sin posibilidad de revisión futura puede generar incertidumbre jurídica si surgen imprevistos técnicos u operativos.
La convocatoria de la SENER para proyectos de generación eléctrica privada marca una apertura relevante al capital privado, con beneficios potenciales en términos de competitividad, innovación y cobertura eléctrica. Sin embargo, para aprovechar plenamente esta oportunidad, será necesario agilizar trámites ambientales y sociales, ampliar el espectro de participantes y considerar mecanismos más flexibles de financiamiento y seguimiento.
La oportunidad es clara: 5,970 MW están sobre la mesa. Pero solo quienes logren navegar con éxito el laberinto normativo y técnico podrán capitalizarla.
