El Senado hizo un llamado para impulsar el uso de tecnología en el sector energético para reducir emisiones y combatir el cambio climático
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó a fortalecer la vigilancia, monitoreo y verificación tecnológica en toda la cadena de valor de la industria energética, incluyendo la explotación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, como parte de una estrategia integral para mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y enfrentar los efectos del cambio climático.
Durante la reunión de trabajo “Los desafíos del cambio climático y las prioridades de la acción parlamentaria”, la senadora subrayó que el cambio climático es el mayor reto de nuestro tiempo, y que sólo con un compromiso real en la reducción de emisiones será posible proteger a las economías y a las comunidades.
Castillo Juárez detalló que México emite 714 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que representa el 1.35% de las emisiones globales, y ocupa el décimo lugar mundial en emisiones de metano, gas que (según la legisladora) tiene entre 80 y 100 veces más impacto que el dióxido de carbono en la atmósfera.
“La industria energética, especialmente el sector de hidrocarburos, es responsable de cerca del 35% de las emisiones globales de metano. Las prácticas de venteo y quema de gas son de las más contaminantes, y es ahí donde debemos actuar con firmeza y tecnología”, afirmó.
Legislación energética con enfoque ambiental
La presidenta del Senado destacó que, como parte de su compromiso ambiental, en febrero de este año la Cámara Alta aprobó un paquete de 11 reformas en materia energética, de las cuales dos son especialmente relevantes para el medio ambiente:
📌 Ley de Planeación y Transición Energética: Establece metas para el cumplimiento de compromisos internacionales en energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico.
📌 Ley de Biocombustibles: Promueve el aprovechamiento de residuos orgánicos como fuente de energía, incluyendo el biometano, con el objetivo de reducir emisiones atmosféricas y avanzar hacia una economía circular.
Castillo Juárez también recordó que México cuenta con la Ley General de Cambio Climático, la cual contiene lineamientos específicos para la mitigación de emisiones de metano en el sector hidrocarburos, así como medidas de prevención y control integral de este tipo de contaminantes.
Transición energética y electromovilidad
En su intervención, la senadora resaltó la necesidad de coordinación entre los distintos actores del sector energético nacional para construir una transición energética sostenible, basada en el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente.
Como parte de esta estrategia, destacó el impulso a la electromovilidad, señalando su potencial para transformar el transporte público y reducir las emisiones de GEI. En ese contexto, celebró el anuncio realizado por el Gobierno Federal sobre el desarrollo de un vehículo 100% eléctrico ensamblado en México, como parte del compromiso 34 de su agenda.
“La inversión en infraestructura para vehículos eléctricos y la cooperación internacional pueden acelerar la transición energética que México necesita”, apuntó.
Compromiso rumbo a la COP30
Castillo Juárez reiteró que rumbo a la próxima COP30, que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, Brasil, México mantiene firme su compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ y metano, así como con el cumplimiento de los acuerdos climáticos internacionales.
La reunión contó con la participación de figuras clave en materia ambiental y energética, como Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía; Abraham Ortínez Álvarez, director general del Instituto de Ecología y Cambio Climático; y Juan Pablo Letelier, del Instituto de Gobernanza del Parlamento Andino.
El encuentro dejó claro que la transformación energética y climática del país depende del trabajo legislativo coordinado, la inversión en innovación tecnológica, y la voluntad política para garantizar que el crecimiento económico vaya de la mano con la sustentabilidad ambiental.
