EE.UU. acusa que México favorece a Pemex y CFE con su reforma energética, limitando la inversión privada y restringiendo la participación de empresas estadounidenses en el sector.
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) afirmó que el gobierno de México está otorgando un trato más favorable a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual pone en desventaja a las empresas estadounidenses que participan en el sector energético mexicano.
Esta evaluación forma parte del informe “Declaración sobre el Clima de Inversión en México 2025”, una herramienta anual del gobierno estadounidense para identificar barreras que enfrentan sus inversionistas en el extranjero.
Según el reporte, la reforma energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de 2024, mediante un decreto constitucional, redefine a Pemex y a la CFE como “empresas públicas”, lo que les permite recibir un trato preferencial frente a actores privados. Esta reforma fue acompañada por un paquete de 10 leyes energéticas promulgadas el 18 de marzo de 2025, las cuales reorganizan el sector para fortalecer a las empresas estatales y limitar la participación privada, incluidas compañías de origen estadounidense.
Uno de los cambios clave es el nuevo esquema de preferencia para Pemex en la asignación de bloques de exploración y extracción de hidrocarburos. Aunque el nuevo marco legal contempla que Pemex pueda asociarse con privados en casos de limitaciones técnicas o financieras, la empresa debe retener al menos 40 % de participación en cualquier nuevo proyecto, especialmente en aguas profundas o campos de crudo pesado.
Por parte del sector eléctrico, se establece que al menos 54 % de la electricidad despachada anualmente debe provenir de plantas de la CFE, restringiendo al 46 % la participación del sector privado. Esta política será monitoreada mediante un plan energético vinculante publicado anualmente por la Secretaría de Energía (Sener), con el objetivo de asegurar el predominio estatal en la red eléctrica nacional.
El informe recuerda que ya desde la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se habían impuesto restricciones a la importación de combustibles y al otorgamiento de permisos a empresas privadas, prácticas que continúan en el nuevo gobierno. Asimismo, destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó en 2024 que el despacho eléctrico debe regirse por el principio de mérito, y no por el beneficio exclusivo de la CFE, como se proponía en reformas previas.
Aunque el DOS no menciona directamente si estas políticas podrían constituir una violación al T-MEC, el reporte subraya la preocupación de Washington ante una tendencia restrictiva y proteccionista del gobierno mexicano.
