La disputa energética del T-MEC escala, amenazando a México con sanciones de $30,000 millones. La priorización de Pemex y CFE socava la inversión y la competencia.
La Disputa Energética entre México, Estados Unidos y Canadá, activada bajo los mecanismos de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha escalado a un punto crítico, generando una profunda incertidumbre sobre la permanencia del marco regulatorio actual y las futuras inversiones extranjeras en el país. Lo que comenzó como una solicitud de consultas formales por parte de Washington y Ottawa ha evolucionado a una amenaza tangible de posibles sanciones multimillonarias, cuyo impacto podría rondar los $30,000 millones de dólares, según estimaciones de especialistas.
La raíz del conflicto radica en las políticas implementadas por el gobierno mexicano para priorizar a sus empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de la inversión privada y, en particular, la extranjera, violando presuntamente los principios de no discriminación y competencia leal estipulados en capítulos clave del T-MEC (como el de Inversión y Empresas Estatales).
El Corazón de la Disputa: El “Despacho” y los Permisos
El argumento central de Washington y Ottawa es doble:
- Discriminación en el Despacho Eléctrico: La aplicación de la regulación que da prioridad al despacho de la electricidad generada por la CFE sobre la producida por plantas privadas, especialmente las de energía renovable (solar y eólica), afecta directamente a las inversiones canadienses y estadounidenses que desarrollaron proyectos de miles de millones de dólares bajo el marco de la Reforma Energética de 2013. Esta medida se traduce en una menor operación para las plantas privadas, lo que encarece la electricidad y mina la confianza de los inversionistas.
- Parálisis en los Permisos y Reguladores: La lentitud y, en algunos casos, la negación de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para la interconexión, operación y extensión de proyectos privados de gas y electricidad han frenado el flujo de capital y el desarrollo de infraestructura crítica. La reciente centralización de facultades regulatorias en la Secretaría de Energía (SENER) solo ha intensificado estas preocupaciones sobre la autonomía regulatoria.
El Efecto Dominó en la Economía
La resolución de esta controversia es vital para el futuro económico de México. Si el panel de arbitraje se pronuncia a favor de Estados Unidos y Canadá, estos países tendrían el derecho de imponer aranceles compensatorios a las exportaciones mexicanas por el monto equivalente al daño causado a sus empresas. Esto no solo afectaría al sector energético, sino que golpearía a la totalidad de la industria exportadora y al sector automotriz, la columna vertebral del comercio trilateral.
Analistas de firmas internacionales han sido contundentes: la falta de certidumbre jurídica y la erosión de las reglas de inversión son el mayor freno para el nearshoring. Las empresas que buscan relocalizarse en México necesitan la certeza de que su suministro energético será confiable, a precios competitivos y regido por reglas estables y no discriminatorias. Si el T-MEC no puede garantizar esto, el flujo de inversión se dirigirá inevitablemente a otros mercados.
En este contexto de alta tensión, la diplomacia y el diálogo político son el último recurso para evitar un quiebre comercial que tendría un costo devastador para la economía mexicana. El veredicto del panel del T-MEC será, sin duda, el evento más trascendental para el sector energético en los próximos años, marcando si México se consolida como socio confiable de Norteamérica o si se aísla de la corriente de inversión global.
