Trabajadores de contratistas de Pemex protestan en Salina Cruz por falta de pagos desde hace más de un año, afectando salarios y estabilidad laboral.
Trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), empleados por contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizaron una protesta frente a la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La manifestación fue motivada por la falta de pago de contratos de obra y servicios que, según los inconformes, permanecen pendientes desde hace más de un año.
Los trabajadores señalaron que la falta de liquidación por parte de Pemex ha generado un efecto dominó que impacta directamente sus ingresos. Las compañías contratistas, al no recibir el pago correspondiente, han retrasado o suspendido el pago de salarios y otras prestaciones, afectando gravemente la economía familiar de los obreros.
Los manifestantes denunciaron que han solicitado reiteradamente audiencias y mesas de diálogo con las autoridades responsables, pero hasta el momento no han recibido una respuesta clara. En este contexto, exigieron un calendario concreto de pagos y advirtieron que mantendrán sus movilizaciones hasta ser escuchados.
La Refinería Antonio Dovalí Jaime, una de las más importantes del país y estratégica para el sureste mexicano, concentra buena parte de la actividad petrolera en Oaxaca. La continuidad de sus operaciones es clave para los proyectos de refinación de Pemex, en especial en el contexto del plan gubernamental de autosuficiencia energética.
Los trabajadores advirtieron que esta falta de cumplimiento no sólo vulnera derechos laborales adquiridos, sino que también pone en riesgo los proyectos de modernización y expansión energética impulsados por el Gobierno federal. Aseguran que el descontento en el sector contratado es creciente, y que la falta de pagos podría escalar en conflictos que afecten el ritmo de operación en la planta.
El caso refleja una problemática más amplia en torno a la relación entre Pemex y sus contratistas, especialmente en cuanto al cumplimiento de obligaciones contractuales. En un momento en que la administración federal ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado y el desarrollo regional, estas situaciones contradicen el discurso oficial de bienestar y justicia laboral.








