Tribunal colegiado negó el amparo de Oro Negro y confirmó la cancelación de contratos de plataformas por Pemex en 2017, evitando indemnización millonaria y protegiendo recursos públicos.
El 1 de septiembre de 2025, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por Perforadora Oro Negro, S. de R.L. de C.V., con lo que dejó firme la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitida el 2 de agosto de 2023. La resolución cierra la vía para que Petróleos Mexicanos (Pemex) deba pagar una indemnización a la empresa, que reclamaba la terminación anticipada de contratos de arrendamiento y operación de plataformas marinas cancelados por Pemex el 2 de octubre de 2017.
Oro Negro fue creada para rentar plataformas a Pemex Exploración y Producción (PEP). Entre sus accionistas destacó Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz; Gil White está prófugo por presuntos delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos. La compañía fue declarada en quiebra en junio de 2017.
El amparo buscaba revertir la decisión de Pemex y obtener un resarcimiento por contratos cuyo valor agregado ascendía a 852 millones de dólares más IVA. Los instrumentos en disputa fueron: el contrato 421003823 (2013) para la plataforma PRIM TODCO por 174.3 millones de dólares y 1,030 días; el 421003824 (2013) para la plataforma Laurus por 206.6 millones y 1,233 días; el 421004800 (2014) para la plataforma Fortius por 243.6 millones y 1,442 días; y el 421004806 (2014) para la plataforma Decus por 227.5 millones y 1,342 días. Todos contemplaban no sólo la renta del activo, sino también operación, mantenimiento y tripulación.
El fallo del tribunal —votado por unanimidad por Alfredo Enrique Báez López (magistrado presidente), Ana María Ibarra Olguín (magistrada) y Yaremy Patricia Penagos Ruiz (secretaria en funciones de magistrada y ponente)— confirma la validez de los oficios con que Pemex notificó la terminación anticipada y sostiene la legalidad del actuar de la empresa productiva del Estado en 2017.
En términos fiscales, la determinación evita un potencial impacto al erario que habría derivado de una indemnización a favor de una empresa ya quebrada.
Para Pemex, el resultado consolida su posición jurídica respecto a la cancelación de los contratos y marca un precedente en la defensa de decisiones operativas adoptadas durante un entorno de ajuste contractual en aguas someras y costa afuera. Con este cierre judicial, la petrolera queda liberada de una contingencia relevante asociada a litigios por terminaciones anticipadas de arrendamientos de plataformas.
