Sheinbaum negó investigación contra Rocío Nahle por contrabando o importación ilegal de combustibles; pidió profundizar pesquisas sobre huachicol fiscal y fortalecer cooperación aduanera con EE.UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes 29 de septiembre que la gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, esté bajo investigación por presunta importación ilícita de combustibles o contrabando. La mandataria fue tajante en su conferencia matutina: “No hay investigación”, zanjando una ola de versiones que crecieron en semanas recientes al calor de los casos de huachicol fiscal.
La aclaración llega en un momento de máxima sensibilidad política y energética: el gobierno presume decomisos y carpetas por el contrabando técnico de combustibles (disfrazados como lubricantes o aditivos para eludir el IEPS), mientras crecen los reportes sobre la participación de redes en aduanas y marinos. Aun así, Sheinbaum separó con nitidez el proceso judicial de esos casos y la figura de Nahle, a quien, dijo, no se le investiga por el tema. Varios medios replicaron la postura presidencial.
Como telón de fondo, la propia presidenta ha pedido en días previos profundizar las pesquisas sobre huachicol fiscal y coordinar con la FGR para llegar “hasta las últimas consecuencias”. También ha deslizado la necesidad de intercambiar información con EE.UU. para rastrear embarques y orígenes de combustibles que habrían ingresado irregularmente por puertos y frontera. El énfasis: cero impunidad; el matiz de hoy: sin investigación contra Nahle.
¿Por qué importa esta aclaración? Primero, porque evita que el caso judicial contamine la gobernabilidad en Veracruz, un estado estratégico por su corredor portuario, su petroquímica y su rol en la logística de combustibles. Segundo, porque ordena la conversación pública: una cosa son las carpetas y detenciones por el contrabando técnico —que involucran a funcionarios y empresarios— y otra una investigación a una mandataria estatal. Tercero, porque coloca el foco en lo que sí es medible: cuántos casos va a judicializar la FGR, qué aduanas están bajo lupa y qué controles nuevos se aplicarán.
A lo largo del trimestre, los reportajes han documentado operaciones sofisticadas: buques que declaraban “aditivos” o “aceites” bajo una fracción arancelaria que no paga IEPS, pero en realidad transportaban gasolina o diésel. El caso del Nord Supreme se volvió emblema, con viajes desde Houston a Tampico/Altamira y cientos de millones de litros bajo presunto encubrimiento institucional. Sheinbaum ha dicho que no habrá impunidad y que la FGR debe llegar a fondo.
¿Qué viene ahora? Tres frentes:
- Judicial: seguimiento a órdenes de aprehensión y audiencias derivados de los decomisos; la aclaración presidencial no obsta para que otros funcionarios o particulares sigan bajo proceso.
- Aduanero: la Presidencia alista cambios legales para endurecer controles; la discusión en Congreso será clave para dotar de dientes a la autoridad sin frenar el comercio lícito.
- Cooperación internacional: trazabilidad de cargamentos y data sharing con EE.UU. para cerrar rutas y tipologías de contrabando transfronterizo.
La señal política de hoy es doble: respaldo a Nahle y continuidad de la ofensiva contra el huachicol fiscal. En el corto plazo, la clave será si las detenciones y embargos se transforman en sentencias y recaudación efectiva, y si los nuevos controles aduaneros reducen la importación encubierta que distorsiona precios y competencia para los distribuidores legales. En paralelo, el mercado estará atento a cómo estos movimientos inciden en la oferta de combustibles, especialmente en corredores de alta demanda.
