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Sheinbaum confirmó 14 detenidos por huachicol fiscal: fraude con importaciones temporales de diésel en Tampico. FGR, Marina y SSPC participaron. Investigación sigue; cero impunidad activa.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de 14 personas —entre ellas empresarios y marinos en activo y en retiro— vinculadas a una red de huachicol fiscal desarticulada por la Fiscalía General de la República (FGR). El caso se originó en el puerto de Tampico y fue detonante de una investigación iniciada hace dos años, tras una denuncia del secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda.
El esquema fraudulento operaba mediante el uso de permisos temporales de importación de “insumos” que, al amparo de un régimen libre de impuestos porque deberían ser procesados y reexportados, introducían en realidad diésel que terminaba vendiéndose a gasolineras y flotillas dentro del territorio nacional.
Según explicó la mandataria, la maniobra eludía el pago de impuestos y generaba márgenes ilegales elevados para los involucrados. Como medida inmediata de contención, el gobierno prohibió el ingreso temporal de estas sustancias y combustibles mientras avanzaban las indagatorias. Sheinbaum subrayó que el proceso no fue “instantáneo”, pues se requería integrar evidencia suficiente para judicializar el caso, y destacó la coordinación entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, que tenía a su cargo la aduana de Tampico en el periodo investigado.
Cuestionada sobre versiones que señalan la presunta relación de familiares de un exsecretario de Marina, Sheinbaum rechazó cualquier encubrimiento y recordó que la denuncia inicial provino del propio almirante Ojeda. Reafirmó el compromiso de “cero impunidad”: cuando se detecta una red de corrupción, se debe actuar contra todos los involucrados. La presidenta agregó que las pesquisas continúan abiertas, no sólo en este expediente, sino también en otros casos recientes asociados al huachicol fiscal, como el de ferrotanques con diésel proveniente de Estados Unidos.
El golpe a esta red tiene implicaciones fiscales y de competencia: el combustible ingresado sin pagar impuestos erosiona ingresos públicos, distorsiona precios y desplaza a oferentes formales. En el corto plazo, se anticipan nuevas acciones legales, recuperación de activos y eventuales revisiones a procedimientos aduaneros y regímenes temporales para cerrar brechas normativas. La narrativa oficial combina dos ejes: persecución penal con colaboración interinstitucional y ajustes administrativos para reforzar la trazabilidad del combustible importado. El mensaje político es claro: se busca desarticular no sólo el robo físico de hidrocarburos, sino también sus modalidades fiscales, mediante investigaciones exhaustivas, coordinación operativa y sanciones ejemplares.
