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La Coparmex alertó que el Paquete Económico 2026 prioriza a Pemex, y en consecuencia limita la diversificación de proyectos y pone en riesgo sectores clave
El Paquete Económico 2026 presentado por el Gobierno Federal proyecta un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que representa un déficit del 4.1% del PIB, apenas por debajo del 4.3% proyectado para 2025. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes (y preocupantes) es la fuerte concentración de la inversión pública en Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de cada cuatro pesos de inversión física será destinado a Pemex, lo que implica una apuesta arriesgada que limita la diversificación de proyectos estratégicos. Esta asignación de recursos reduce el margen para impulsar sectores clave como infraestructura logística, transición energética, innovación tecnológica o apoyo a pequeñas y medianas empresas.
La Coparmex advierte que, aunque se estima un incremento real de 19.8% en inversión pública (equivalente a 1.25 billones de pesos o el 3.2% del PIB), la cifra sigue muy por debajo de la meta del 5% del PIB recomendada para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido.
Según la Confederación, el crecimiento económico planteado en el Paquete Económico 2026 se apoya en supuestos optimistas: un rango de entre 1.8% y 2.8%, sujeto a condiciones como certeza jurídica, seguridad y un entorno que promueva la inversión.
En ese sentido, la Coparmex considera esencial que el Gobierno cumpla con las metas de crecimiento, recaudación y control del endeudamiento, para mantener la estabilidad fiscal del país.
El análisis de la Confederación también señala que la propuesta presupuestal contiene decisiones que podrían afectar el bienestar social. Por ejemplo, el gasto en salud disminuye 3.2%, en un contexto en el que 44.5 millones de personas carecen de acceso efectivo a servicios médicos. Aunque el presupuesto en educación crece 6.4%, el aumento es insuficiente para revertir el grave rezago educativo. Aún más preocupante es la reducción de 17.5% en seguridad ciudadana, lo cual debilita la capacidad del Estado para garantizar la integridad de la población y un ambiente propicio para la inversión.
Medidas en el Paquete Económico
A esto se suman medidas fiscales que podrían afectar la confianza de los inversionistas, como el aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, y la eliminación de la deducibilidad de la cuota del IPAB para los bancos. Aunque algunas de estas medidas tienen una justificación en salud pública o combate a la evasión fiscal, no existe evidencia clara de que reduzcan el consumo, y sí generan incertidumbre sobre el rumbo de la política fiscal.
En materia aduanera, la Ley de Ingresos 2026 proyecta un incremento real de 62.2% en los ingresos por impuestos de importación, lo que representa 97.7 mil millones de pesos adicionales. Esto, junto con una anunciada reforma a la Ley Aduanera, podría generar presiones inflacionarias y afectar la competitividad de las MiPymes, si no se equilibra adecuadamente el combate al contrabando con una operación aduanera ágil y eficiente.
El documento también reconoce que el gasto estructural sigue presionando las finanzas públicas. Solo el pago de pensiones (tanto contributivas como no contributivas) representa 2.3 billones de pesos (6% del PIB), mientras que el costo financiero de la deuda alcanza 1.6 billones de pesos. Estas dos partidas, por sí solas, restringen severamente la capacidad del gobierno para reasignar recursos hacia sectores estratégicos.
Desde Coparmex se subraya la urgencia de destinar más recursos al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el motor de la economía mexicana. La inversión en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo empresarial es fundamental para impulsar la productividad, el empleo formal y el desarrollo económico regional.
La Confederación también insiste en que el país necesita un proyecto integral que incentive la inversión y reinversión nacional y extranjera, así como políticas públicas que generen condiciones de certeza jurídica, seguridad y Estado de Derecho.
Solo mediante el cumplimiento riguroso de estos principios será posible consolidar un entorno que mantenga la estabilidad fiscal, atraiga inversiones sostenibles y genere empleos de calidad, permitiendo a México avanzar hacia un crecimiento económico sólido, inclusivo y de largo plazo.
