Guillermo García Alcocer advierte que sin un marco regulatorio técnico, autónomo y transparente, no habrá condiciones para atraer inversiones energéticas en México. La desaparición de los órganos reguladores debilita la certeza jurídica y encarece los proyectos de infraestructura.
El debilitamiento de los órganos reguladores en el sector energético mexicano ha generado una incertidumbre creciente entre inversionistas, analistas y usuarios. Guillermo García Alcocer, expresidente de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), economista y experto en temas energéticos, advirtió en entrevista con Panorama Energético que el costo de eliminar la autonomía técnica de estas instituciones no es solo político, sino económico y estructural. “Lo que aportan los reguladores es la certeza en reglas que trascienden los ciclos políticos”, afirma.
Desde su experiencia al frente de la CRE, García Alcocer explica que los reguladores cumplen tres funciones fundamentales: brindar certidumbre a la inversión de largo plazo, dotar de conocimiento técnico a las decisiones, y servir como una instancia imparcial para responsabilizar decisiones difíciles, como los ajustes tarifarios. “No tienes que estar de acuerdo con las reglas, pero necesitas saber que serán estables mientras tu inversión madura”, sostiene.
Durante los últimos años, el gobierno de México ha optado por debilitar —y ahora desaparecer— organismos como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), proponiendo su fusión dentro de una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), dependiente de la Secretaría de Energía (SENER). Este cambio estructural implica que las decisiones técnicas pasarán a manos del poder político, borrando la línea que permitía independencia entre quien diseña la política energética y quien la regula.
“Antes, la CRE y la CNH eran pares de la Secretaría. Cada una tenía su presupuesto, patrimonio, estructura, abogados y personal técnico. Ahora se convertirán en órganos asesores cuyas recomendaciones podrán ser ignoradas por el poder político”, alerta García Alcocer. Esta pérdida de autonomía pone en riesgo la equidad del sector, donde ya no habrá una cancha pareja para todos los jugadores.
El mayor impacto no será inmediato, pero sí profundo: la desaparición de reguladores independientes aumenta el riesgo percibido por los inversionistas, lo que encarece el costo de capital o directamente frena proyectos. “Hoy necesitamos cerca de seis mil millones de dólares anuales solo para infraestructura energética que atienda al nearshoring, pero la CFE solo puede cubrir una sexta parte de esa necesidad. Sin inversión privada, no vamos a lograrlo”, advierte.
En un contexto donde el Estado ya no puede —ni debe— ser el único jugador, García Alcocer propone un modelo híbrido que reconozca el papel estratégico de empresas como Pemex y CFE, pero que también dé espacio a la iniciativa privada. “Hay modelos como el noruego, el colombiano o el brasileño, donde el Estado mantiene un rol importante, pero con reglas que permiten complementar su capacidad con inversión privada”.
El reto, dice, no es ideológico, sino técnico. Y la técnica requiere conocimiento, experiencia y reglas claras. “Lo que urge es definir el marco regulatorio completo. Las empresas pueden operar en ambientes hostiles, pero no en ausencia de reglas. Lo que hoy falta en México es saber qué se vale y qué no”.
Reconoce, sin embargo, un cambio en el enfoque del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum: una apertura hacia perfiles técnicos con formación académica sólida, provenientes de instituciones como la UNAM, el IPN, el CIDE o el ITAM. “Hay una base técnica interesante que se está integrando. Ahora falta que esa gente gane experiencia y pueda operar con autonomía. Es una señal positiva frente al enfoque exclusivamente político del sexenio anterior”.
Pero también advierte que el desmantelamiento de los cuadros técnicos durante los últimos seis años dejó una herida profunda. Personal con décadas de experiencia fue removido o se retiró, y los sueldos fueron recortados. Reconstruir ese capital humano tomará años, pero es un paso indispensable para un sector energético sostenible.
La visión de García Alcocer es clara: regulación sólida, técnica y con visión de largo plazo. Para lograrlo, se necesita volver a colocar al consumidor al centro de las decisiones. “El objetivo final es que el consumidor tenga acceso a energía barata, confiable y limpia. Y eso solo se logra con competencia, reglas claras y planeación técnica, no con decisiones improvisadas desde lo político”.
Pese a los retos, su mensaje final es de optimismo moderado. “No es el modelo de 2014 ni el de 2018. Estamos ante un nuevo esquema donde el Estado tendrá un rol más activo, pero donde también hay oportunidades para los privados. Si logramos cerrar filas, apoyar con conocimiento técnico y construir reglas claras, la inversión puede regresar”.
En un país que necesita más energía, más empleo y más crecimiento, la brújula debe ser la certidumbre. Y esa solo la otorgan las reglas, no los discursos.
