En México, millones de hogares sobreviven con apenas un salario mínimo, lo que impide superar la pobreza multidimensional. La dependencia de programas sociales y la precariedad laboral rural y urbana reflejan una profunda desigualdad estructural que exige políticas integrales y sostenidas.
Salir de la pobreza multidimensional no significa vivir en condiciones óptimas, sino alcanzar un mínimo en ingresos y derechos sociales. En México, millones de trabajadores, sobre todo en el sector informal, apenas perciben un salario mínimo, lo que limita significativamente su desarrollo.
Muchas empresas ofrecen el mínimo legal, y los ascensos hacia mejores sueldos son escasos en sectores con alta rotación y baja capacitación. A esto se suma que el enfoque de pobreza multidimensional va más allá del ingreso: considera carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Por tanto, se necesita mejorar tanto el ingreso como el acceso a derechos para salir de este tipo de pobreza.
Comparado con la pobreza laboral —que se enfoca solo en la suficiencia del ingreso para cubrir la canasta alimentaria—, la pobreza multidimensional es mucho más compleja y difícil de erradicar, ya que requiere políticas públicas coordinadas y sostenidas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 21 millones de mexicanos ganan un salario mínimo, y al menos la mitad necesita llegar a dos salarios para mejorar sus condiciones. Actualmente, existen 38.8 millones de hogares en México, con 3.35 personas en promedio por hogar, y 2.2 personas perceptoras de ingreso. De ellos, 30 millones están en zonas urbanas y 8 millones en rurales.
En zonas urbanas, los ingresos logran cubrir el gasto corriente gracias a apoyos gubernamentales y pensiones. Sin estos, el flujo neto apenas es de 1,436 pesos. En zonas rurales, el ingreso promedio sin subsidios es negativo, lo que evidencia una dependencia crítica de los programas sociales.
El ingreso mensual ideal para cubrir necesidades multidimensionales es cercano a los 26 mil pesos por hogar. Sin embargo, el ingreso promedio ha crecido solo 17% entre 2018 y 2024, mientras que la inflación acumulada fue de 27.6%, lo que ha mermado la capacidad adquisitiva. Incluso los asalariados con un salario mínimo han perdido poder de compra.
La diferencia de ingresos entre zonas urbanas y rurales es abismal: el ingreso total, pensiones y jubilaciones son el doble en la ciudad que en el campo. A pesar de los programas sociales, la brecha persiste. El paso de un salario mínimo a dos enfrenta múltiples obstáculos: baja movilidad laboral, informalidad, escasa negociación colectiva y falta de oportunidades educativas.
Para reducir la pobreza estructural, es indispensable fortalecer el empleo formal, incrementar los ingresos reales y garantizar derechos sociales universales, sin depender exclusivamente de transferencias asistenciales. De lo contrario, seguiremos atrapados en un modelo que solo alivia, pero no resuelve.
