Empresas de EE.UU. piden prórroga de aranceles para renegociar condiciones de inversión energética en México, incluyendo pagos atrasados, fracking y acceso a renovables.
Empresas estadounidenses han solicitado formalmente al gobierno de Donald Trump una prórroga de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles contra México, con el argumento de que necesitan tiempo para revisar y reorganizar sus cadenas de suministro. Esta petición, además de responder a una necesidad logística, forma parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum a eliminar barreras regulatorias y operativas que afectan la inversión extranjera, especialmente en el sector energético.
El foco principal de estas exigencias está en las operaciones de Pemex, dirigido por Víctor Rodríguez Padilla, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al mando de Emilia Esther Cajella Alor. Las empresas estadounidenses señalan obstáculos significativos para invertir y operar en México, a pesar de haber apostado por sectores estratégicos como las energías renovables.
Uno de los puntos más críticos es el bloqueo de la conexión de nuevas plantas de energía limpia al sistema eléctrico nacional, atribuida a decisiones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que encabeza Ricardo Mota. Esta institución ha sido señalada por cerrar el acceso a infraestructura esencial, lo que frena proyectos multimillonarios y la transición energética que Estados Unidos busca acelerar en América del Norte.
A ello se suma una deuda considerable: contratistas estadounidenses reclaman más de 1,200 millones de dólares en pagos atrasados por trabajos ya ejecutados en México. Además, presionan para liberalizar la exploración de hidrocarburos en aguas profundas y permitir el uso del fracking, técnicas actualmente limitadas o suspendidas bajo el modelo energético impulsado por el gobierno mexicano.
Estas tensiones se dan en el contexto de un posible endurecimiento comercial bajo un eventual regreso de Trump a la presidencia, con un discurso cada vez más firme sobre el cumplimiento del TMEC y la equidad para sus empresas. La administración de Sheinbaum enfrenta así un doble reto: mantener la soberanía energética que ha defendido, y a la vez, evitar una crisis comercial con su principal socio económico.
La prórroga de los aranceles puede abrir una ventana de diálogo, pero también representa una advertencia clara: si no hay cambios estructurales en el entorno de inversión, los costos para México podrían ser más altos que las tarifas.
