La posible salida de Iberdrola de México refleja la tensión entre inversión privada y política energética estatal. Mientras el gobierno defiende un marco regulatorio “justo”, la empresa busca entornos con mayor certeza jurídica, lo que envía señales mixtas al mercado internacional.
La noticia de que Iberdrola, la mayor empresa eléctrica de Europa, habría contratado al banco Barclays para vender sus últimas 15 plantas de energía renovable en México por cerca de 4,000 millones de euros marca un nuevo hito en la historia energética del país. Si se concreta la operación, sería el cierre definitivo de un ciclo de más de 20 años de presencia de la firma española en territorio nacional.
Este posible retiro no llega de forma aislada. En 2024, la empresa ya había vendido 13 plantas por 6,000 millones de dólares al gobierno mexicano, en una transacción promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su política de “rescate” del sector energético. Ahora, con una nueva administración en el poder, el patrón parece repetirse: una mezcla de desinversión privada y fortalecimiento del papel del Estado, bajo nuevas reglas del juego.
El trasfondo de esta salida, según medios españoles como El Confidencial, tiene que ver con la creciente preocupación de Iberdrola por la inseguridad jurídica y fiscal en México. La empresa considera que el entorno regulatorio se ha vuelto impredecible, especialmente tras la reforma energética que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuestiona los esquemas de autoabastecimiento privado, considerados durante años como una vía legítima de participación en el mercado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con cautela ante los rumores. En su conferencia del 24 de julio, afirmó que no hay confirmación oficial de la supuesta venta y que Iberdrola mantiene planes de inversión en el país. Aun así, no descartó una futura adquisición estatal de activos, aunque aclaró que no existe actualmente una propuesta formal en ese sentido.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al esquema de sociedades de autoabastecimiento, donde múltiples empresas privadas usan la red de transmisión nacional para distribuir energía entre sí pagando tarifas reducidas. Sheinbaum fue tajante:
“El autoabasto propio es válido, pero no lo es usar la red de la CFE para vender electricidad como si fueran una comercializadora”. Y remató con una frase contundente: “Cuando se habla de Estado de Derecho, quiere decir que todo mundo se ponga en regla”.
Desde el punto de vista del gobierno, lo que se busca es un marco regulatorio más claro, justo y soberano, en el que el Estado tenga un rol protagónico en el sistema eléctrico sin excluir totalmente al capital privado, pero sí condicionando su participación a reglas que no impliquen privilegios o “lagunas legales”.
La eventual salida de Iberdrola, sin importar cómo se maquille, enviaría un mensaje fuerte al mercado internacional: México está redefiniendo las reglas de participación en el sector energético. Y aunque el gobierno sostiene que busca certeza jurídica, muchas empresas lo interpretan como una limitación a su autonomía operativa y un riesgo creciente a su rentabilidad.
En un entorno global donde la inversión en energías limpias está en auge, el país podría quedar rezagado si no logra equilibrar su objetivo de soberanía energética con la necesidad de atraer capital privado. Hoy, más que nunca, el reto está en el diseño de un modelo híbrido: fuerte presencia estatal, sí, pero con puertas abiertas a la inversión que respete las nuevas reglas sin espantar a los actores que el país necesita.
La historia de Iberdrola en México está por concluir, pero lo más importante no es su salida, sino cómo queda el tablero para quienes decidan quedarse… o entrar.
