Legisladores del PRI piden al SAT, IMSS e Infonavit detener sanciones fiscales a proveedores de Pemex hasta que la empresa liquide sus adeudos millonarios.
Diputados federales del PRI presentaron un exhorto a diversas instituciones del gobierno federal solicitando apoyo fiscal urgente para las empresas proveedoras de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que enfrentan una grave crisis de liquidez debido a los pagos pendientes por parte de la petrolera estatal.
El documento, firmado por legisladores como Rubén Moreira Valdez, Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara, Emilio Lara Calderón y Hugo Gutiérrez Arroyo, está dirigido al IMSS, al Infonavit y al SAT, a quienes piden conceder prórrogas en la entrega de cuotas e impuestos y detener procedimientos administrativos, embargos bancarios y recargos fiscales. Esta medida busca evitar la quiebra de cientos de proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas (PyMES), que se han visto obligadas a operar sin los pagos correspondientes desde hace meses.
En el exhorto también se propone una reunión técnica y pública con el director general de Pemex, a fin de conocer el verdadero estado financiero de la empresa y el plan de pagos previsto para saldar sus compromisos con proveedores.
Los legisladores destacan la gravedad del problema en regiones petroleras como Ciudad del Carmen, Tabasco, Veracruz y Reynosa, donde buena parte de la economía local depende directamente de Pemex. De acuerdo con datos citados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Ciudad del Carmen la deuda de Pemex con proveedores asciende a 97 mil millones de pesos, una cifra que pone en riesgo a miles de empleos y a la economía de toda la región.
También solicitan al SAT la suspensión del pago de ISR e IVA correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 para las empresas afectadas, así como la cancelación de recargos y actualizaciones, con el objetivo de dar un respiro temporal mientras Pemex cumple con sus compromisos financieros.
Los legisladores alertan que cada factura sin pagar representa un sueldo menos para un trabajador y pone en riesgo la continuidad de operaciones de las empresas contratistas.
