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Los expertos aseguran que la creación de políticas públicas efectivas destacan la necesidad de que el gobierno establezca una serie de medidas para lograr que la transición energética sea inclusiva y equitativa en México
En el foro de análisis y colaboración multisectorial “Transición Energética, Desigualdades y Movilidad Social” presidido por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey se presentaron los hallazgos de cuatro estudios sobre la transición energética, impulsados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Delegación de la Unión Europea (UE).
En dicho evento también se realizaron paneles de discusión con la participación de figuras como Rodrigo Parral, Director General de Política y Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Rodolfo Osorio, Coordinador de Electromovilidad y Transición Justa de la Secretaría de Energía.
Estos diálogos se enmarcan en observaciones de los expertos respecto a una transición energética justa en México, ya que el país enfrenta diversos desafíos relacionados con las vulnerabilidades sociales, acceso justo y equitativo a las energías renovables, la velocidad de llegada de nuevas inversiones industriales e, incluso, pérdida de empleos.
Los resultados generados a partir de esta colaboración entre actores internacionales para la creación de políticas públicas efectivas destacan la necesidad de que el gobierno establezca una serie de medidas para lograr que la transición energética sea inclusiva y equitativa.
Los retos socioeconómicos de la transición energética
En el estudio «Transición energética justa en México: vulnerabilidades, impactos y claves para la equidad», realizado por el Instituto de Desarrollo Energía y Ambiente (IDEA), se mostró que los impactos de una misma acción de transición energética son diferentes en cada estado dependiendo de sus características propias, pobreza, empleo, gobernanza y capacidad de adaptación local.
Por dar un ejemplo, el retiro de combustibles fósiles podría afectar de manera diferente a Guerrero debido la alta incidencia de pobreza en este estado, comparado con Coahuila con menor incidencia, pero alta dependencia de la extracción de carbón. En la investigación también se encontró que las mujeres, pueblos originarios y comunidades rurales enfrentan una vulnerabilidad desproporcionada.
“Es fundamental que las políticas públicas consideren las características de cada estado o municipio y el tipo de vulnerabilidad, prestando atención a las brechas existentes, como la de género y pobreza, para evitar que la transición las exacerbe. En particular, se debe asegurar la representación de las mujeres y comunidades indígenas en los procesos de consulta, el acceso a la información en un lenguaje accesible y considerar sus necesidades energéticas durante todo el proyecto”, señaló Marco Jano, Subdirector de Investigación de IDEA.
Por parte de Diego Castañeda, autor del estudio «Simulación del impacto en el empleo y la desigualdad de la transición energética en México», analizó los efectos de la transición energética en el empleo y la distribución del ingreso bajo varios escenarios al año 2030.
El investigador encontró que la transición generará un saldo positivo de empleos a nivel nacional, sin embargo, el impacto será desigual entre sectores, regiones y grupos sociales, por lo que se requieren políticas focalizadas para garantizar una transición verdaderamente justa e inclusiva.
Castañeda señaló que la transición energética tiene un impacto neutro a nivel nacional en la distribución del ingreso. No obstante, es a nivel regional donde se presentan impactos distributivos: con estados potencialmente ganadores como Sonora o Oaxaca, o perdedores como Coahuila y Veracruz.
A nivel general, el impacto en empleo de la transitar a energías limpias es pequeño produciendo unos 60 mil nuevos empleos con relación a esta iniciativa, entre directos, indirectos e inducidos y unos 20 mil empleos perdidos entre la generación de energía con combustibles fósiles. El impacto neto en el mercado laboral en 2030 es de aproximadamente 40 mil empleos.
Alternativas para combatir estos retos
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó el estudio «Transición energética justa, desigualdad estructural y movilidad social en México», en el cual se enfatizó que la transición energética en México puede agravar desigualdades si no se prioriza la justicia distributiva y la movilidad social.
“El acceso a energía asequible y confiable es esencial para el desarrollo y crecimiento económico. Para una transición energética justa, se debe priorizar el impulso a la movilidad social, inclusión económica y sostenibilidad ambiental, asegurando que el acceso a fuentes de energía renovable genere oportunidades y equidad”, mencionó Alejandro López-Feldman, uno de los autores del trabajo de investigación.
Añadió que es importante coordinar esfuerzos entre distintos sectores y evitar enfoques aislados. Por ejemplo, expandir energías renovables en comunidades vulnerables podría fortalecer a cooperativas, mientras que promover incentivos fiscales facilitará un acceso más equitativo a fuentes limpias de energía.
“Con mayor accesibilidad, gobernanza inclusiv y energías limpias, México podrá cerrar brechas y avanzar hacia una justicia energétic sostenible”, señaló López-Feldman.
Finalmente, en el estudio «La reconfiguración de las cadenas globales de valor y generación distribuida», realizado por el Tecnológico de Monterrey, se analizó el grave desfase en México de su infraestructura eléctrica y la velocidad de llegada de nuevas inversiones industriales. Esta investigación propone redirigir el subsidio eléctrico residencial hacia la instalación de paneles solares en techos de hogares ubicados en zonas industriales estratégicas, como una solución fiscalmente neutra, socialmente progresiva y técnicamente viable.
“No pretende reemplazar la expansión convencional, sino complementar en el corto plazo, aliviando presión sobre la red y liberando capacidad para el sector productivo. Es una intervención táctica que complementa (no sustituye) la planeación estatal”, mencionó el especialista Rolando Fuentes Bracamontes.
