Nicolás Maduro, dijo el lunes que aceptó la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que aceptó la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, en medio de una investigación por corrupción centrada en la petrolera estatal PDVSA, jueces locales y otros funcionarios gubernamentales.
Maduro no reveló quién reemplazará a El Aissami, de 48 años, hasta ahora una poderosa figura política que se ha desempeñado como vicepresidente, ministro y gobernador en las últimas dos décadas.
El mandatario agregó que El Aissami, que ocupaba el cargo de ministro de Petróleo desde 2020, reveló “su disposición como así lo ha demostrado, a aportar toda la información que maneja y apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos”.
“Él ha ratificado su condición de militante revolucionario”, dijo Maduro para agregar de inmediato que “he decidido aceptar la renuncia del ministro”.
Rodeado de la primera dama, Cilia Flores, el diputado Diosdado Cabello, segundo al mando del partido oficialista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Maduro dijo que “vamos a limpiar plenamente a PDVSA (…) con medidas draconianas de reestructuración”, aunque no dio detalles.
En su intervención transmitida por la televisora oficial, Maduro confirmó que entre los detenidos figura un alcalde de una localidad del centro del país y que según el mandatario tenía relaciones con una banda criminal, mientras al menos otros dos capturados eran jueces que vendían sus sentencias a narcotraficantes, pero tampoco ofreció detalles. El Aissami, sancionado en 2017 por Estados Unidos por narcotráfico y a quien se le atribuía haber ayudado a PDVSA a sortear las medidas de sanciones de Washington, presentó su renuncia en un mensaje en su cuenta de Twitter sin precisar las investigaciones de corrupción en la petrolera.
Maduro también dijo que en la primera etapa de la investigación, que dijo comenzó en octubre, capturaron a empresarios, altos funcionarios y un diputado vinculados con los casos de la estatal petrolera.
Más temprano, tres fuentes con conocimiento del caso dijeron a Reuters que había sido detenido el coronel Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de comercio y suministro de PDVSA. El también coronel Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina, filial marítima de la petrolera, fue otro de los capturados, según otras dos fuentes.
Las detenciones en PDVSA habrían sido por una investigación sobre el zarpe de barcos con cargamentos petroleros de exportación sin el pago de la debida compensación a la empresa. Otros funcionarios de la compañía han sido suspendidos de sus cargos por la misma pesquisa, dijo una de las fuentes.
La Fiscalía y PDVSA no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre ese caso.
Entre el viernes y el domingo la Policía Anticorrupción de Venezuela detuvo a un funcionario, dos jueces y un alcalde. El cuerpo de seguridad dijo en un comunicado divulgado por la televisión oficial que habían capturados el superintendente de criptoactivos Joselit Ramírez, y los jueces Cristóbal Cornieles y José Márquez García, además de Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, una zona al centro del país que a fines del pasado año sufrió daños por inundaciones.
No se han revelado oficialmente ni los cargos ni los casos específicos de corrupción en los que estarían involucrados los detenidos. Este tipo de operativos son poco frecuentes en la administración pública de Venezuela, marcada por la opacidad de sus gestiones, según grupos no gubernamentales como Transparencia Internacional.
Joselit Ramírez, quien desde 2018 estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), encargada de la oferta del petro -la moneda digital venezolana-, fue destituido y Maduro designó una junta para reestructurar la cartera, según la Gaceta Oficial divulgada el sábado.
Ramírez estaría siendo investigado por casos vinculados a PDVSA, según reportes del diario Últimas Noticias, cercano al gobierno.
La detención de los funcionarios es una de las mayores redadas desde que en 2017 la Fiscalía realizó a lo largo de varios meses la captura de ejecutivos e imputó a dos expresidentes de PDVSA.
En 2018, el Ministerio Público también solicitó la captura de funcionarios de la petrolera por irregularidades administrativas que afectaron las operaciones de los mejoradores de crudo.
(Reporte de Vivian Sequera, Mayela Armas, Mircely Guanipa, Marianna Párraga y Deisy Buitrago. Editado por Javier Leira)
