Analistas consideran que la falta de recursos de Pemex, contratos poco atractivos y altos costos dificultan el fracking en México.
Aunque el Gobierno federal continuará con los estudios para evaluar el desarrollo de gas natural en yacimientos no convencionales mediante el fracking, especialistas del sector energético advierten que el principal desafío es técnico y financiero: Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de recursos para impulsar estos proyectos y las condiciones actuales tampoco resultan atractivas para la inversión privada.
Durante la presentación de los primeros resultados del Comité Científico sobre Soberanía Energética, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que continuarán las perforaciones exploratorias para determinar la viabilidad técnica, ambiental y económica del gas no convencional. El propio comité reconoció que antes de cualquier explotación será necesario confirmar reservas, disponibilidad de agua salada profunda, realizar consultas públicas y validar la rentabilidad económica de los proyectos.
El dinero, el principal obstáculo
Para Ramsés Pech, analista del sector energético, México ya cuenta con buena parte del marco regulatorio necesario, pero aún faltan tres elementos indispensables: garantizar seguridad en las zonas donde operarían los equipos, modificar los contratos de participación y ofrecer condiciones económicas que hagan rentable la inversión privada.
“La realidad es que sí hay viabilidad técnica y normativa; lo único que falta es el dinero. Y el dinero necesita tener certeza“, señaló.
El especialista explicó que las empresas especializadas en fractura hidráulica difícilmente trasladarán su infraestructura a México si los contratos no reconocen completamente sus costos de inversión y operación.
Pemex dependería de terceros
Los especialistas coinciden en que Pemex tampoco cuenta con la capacidad para desarrollar estos proyectos por sí solo.
De acuerdo con Ramsés Pech, la empresa productiva del Estado subcontrata prácticamente toda la tecnología necesaria para realizar perforaciones complejas y no existen señales de que reciba recursos adicionales en los próximos presupuestos.
“No creo que le vayan a dar más dinero a Pemex para esto”, afirmó.
En la misma línea, Gonzalo Monroy, director de GMEC, sostuvo que Pemex tiene una experiencia muy limitada en este tipo de desarrollos y depende de empresas especializadas para diseñar y ejecutar pozos multifracturados.
“Pemex no tiene una sola persona que pueda diseñar este tipo de pozos de alta sofisticación”, aseguró.
Contratos actuales tampoco convencen
Otro de los factores que, según los especialistas, aleja la inversión privada es el esquema contractual vigente.
Monroy señaló que ni los contratos de servicios ni los contratos mixtos ofrecen incentivos suficientes para proyectos de esta complejidad y que sería necesario rediseñar el modelo para acercarlo a esquemas similares a los contratos de licencia utilizados durante la reforma energética de 2013.
Además, advirtió que la incertidumbre jurídica y el costo de producir gas en las cuencas donde el Gobierno plantea realizar pruebas hacen poco competitivo el desarrollo frente al gas importado desde Estados Unidos.
“Si desarrollamos esto en esos lugares, no vamos a ganar dinero; vamos a perder dinero”, afirmó.
Comité reconoce que falta demostrar la viabilidad económica
Las conclusiones del Comité Científico también reflejan que el proyecto aún está lejos de una etapa comercial.
Entre las recomendaciones se encuentra realizar perforaciones para confirmar reservas y demostrar la rentabilidad económica de la extracción, además de validar nuevas tecnologías, fortalecer el marco regulatorio y desarrollar cadenas de proveeduría antes de cualquier explotación comercial.
Asimismo, el comité recomendó prohibir el desarrollo de fracking en la cuenca Tampico-Misantla y limitar cualquier evaluación futura a las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos.
Organizaciones mantienen su rechazo
Tras la presentación de las conclusiones, la Alianza Mexicana contra el Fracking sostuvo que el anuncio abre la puerta al desarrollo de pozos piloto en el noreste del país y reiteró su rechazo a cualquier modalidad de fractura hidráulica.
Las organizaciones afirmaron que el desarrollo del fracking implicaría altos costos económicos, ambientales e hídricos y cuestionaron que el Gobierno plantee recurrir a contratos mixtos o capital privado para impulsar estos proyectos, al considerar que ello contradice el discurso de soberanía energética.
