El asunto del yacimiento Zama ha ocupado los reflectores desde tiempo atrás, sobre todo al tratarse del primer procedimiento de unificación en México, mismo que ha sido envuelto por polémica desde sus inicios.
Una vez más el sector energético mexicano ha generado controversia a nivel internacional. Y no, no me refiero a un nuevo embate en materia de producción de energía eléctrica por parte de particulares o a la fuga de gas natural en el Golfo de México en infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino a sucesos relativos al yacimiento Zama.
Recordemos que Zama es un yacimiento considerado el descubrimiento más grande por un operador privado desde la apertura del sector energético en 2013. Incluso, fue utilizado como un proyecto emblema por parte del gobierno mexicano para mostrar las bondades del nuevo modelo energético nacional. A la vez, dentro de la información inicial disponible se estableció la posibilidad de que se tratara de un yacimiento compartido con una asignación de Pemex.
Lo anterior es importante, ya que en la práctica internacional se ha determinado que un esquema con un solo operador del yacimiento es lo que asegura que pueda desarrollarse con máxima eficiencia. En ese sentido, la empresa seleccionada como operadora es la que podrá determinar los ritmos de producción, el nivel de inversión y la tecnología utilizada, entre otras cuestiones.
Zama fue descubierto mediante el pozo Zama-1 dentro del área contractual 7, misma que fue asignada en 2015 como parte de la Ronda 1.1, con Talos Energy como operador. Posteriormente, la empresa continuó con inversiones vinculadas a actividades de evaluación, específicamente con la perforación de tres pozos delimitadores adicionales para precisar el potencial del yacimiento.
“No se cometerá ninguna arbitrariedad”: AMLO
Ante diversos cuestionamientos respecto un posible ánimo gubernamental para hacerse cargo del proyecto, desde octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no buscaría tener el control del yacimiento a través de Pemex y que ninguna arbitrariedad se iba a cometer hacia Talos y su consorcio.
Tiempo después, en julio de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) instruyó a las partes el desarrollo de un acuerdo de unificación de conformidad con los lineamientos emitidos en la materia. Sin embargo, dicha negociación no fue fructífera, ya que cada parte consideraba que se encontraba en mejores condiciones para adoptar el rol de operador.
Desde un inicio, Talos se mostró con la intención de acreditar su capacidad y experiencia en ese tipo de yacimientos. Asimismo, a inicios de 2020 informaron que un dictamen realizado por la consultora Netherland, Sewell & Associates, confirmó que la mayoría de los hidrocarburos se encontraban dentro de su área contractual.
Ante esto, la CNH recomendó que Pemex perforara el pozo Asab-1, ya que sería la forma más efectiva de determinar la extensión del yacimiento y de minimizar incertidumbre para las partes. No obstante, la empresa productiva del Estado se negó a hacerlo.
Una solución política, en vez de presentarse como operador competente
Finalmente, llegamos al pasado 2 de julio, día en que la SENER notificó al consorcio liderado por Talos Energy, que designó a Pemex como operador de Zama. Dicho documento únicamente establece de manera general que la empresa tiene la capacidad financiera, la mayoría del yacimiento y la infraestructura para operarlo. La justificación incluyó la referencia a un dictamen de un experto independiente no identificado, dentro del cual se aseguró que Pemex posee la mayor parte del yacimiento (50.43%).
Un dato a resaltar es que la resolución referida fue emitida tan solo tres días después de que la Sener recibió un documento por parte del director general de Pemex en donde establecía sus razones para que la empresa operara Zama. Entre líneas, podemos leer que Pemex utilizó una estrategia basada en confeccionar una solución política, en lugar de buscar presentar sus credenciales como un operador competente.
Al final del día, la decisión estuvo en manos de la Sener, cuya titular, Rocío Nahle, también forma parte del Consejo de Administración de Pemex. Con la resolución resultó claro un esfuerzo por beneficiar a Pemex a costa de privados, en contra de toda transparencia y un debido proceso. Se favorece al gobierno del presidente López Obrador y a la narrativa de la soberanía energética y las capacidades de la empresa.
Otro golpe a la certeza jurídica
Resulta claro que el tema de fondo no es que Pemex sea o no el operador, ya que podría serlo y tener un buen desempeño, sino que la solución correcta debe estar basada en la idoneidad operativa y financiera del operador para maximizar las condiciones en el yacimiento. En otras palabras, la solución debe ser técnica y no política, ya que el no hacerlo de esta forma se traduce en otro golpe a la certeza jurídica y al clima de inversiones en México.
El no tomar los elementos técnicos necesarios y seleccionar a un operador que no cumpla con las expectativas y proyecciones establecidas, podría traer riesgos financieros al proyecto, implicando conflictos con los socios por un posible fracaso en la extracción de hidrocarburos en el yacimiento.
Evidentemente, la reacción del consorcio no se hizo esperar, estableciendo que se encuentran decepcionados por la situación y que buscarán llevar a cabo todas las acciones legales pertinentes. La resolución de la Sener es vinculante para las partes, pero podría ser impugnada, ya sea mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien, a través de un juicio de amparo indirecto.
Los anteriores escenarios retrasarían la eventual firma del acuerdo de unificación, procedimiento que es por sí mismo muy largo y complejo. A la vez, al tratarse de un sector protegido por el T-MEC, Talos podría iniciar un arbitraje de inversión en contra del Estado mexicano.
