Te puede interesar
El pasado 9 de enero el grupo parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual fue turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados el día de hoy. Las modificaciones pretenden garantizar al Ejecutivo federal, a través del Director General de Pemex, mayor control sobre la labor estratégica y operativa de la empresa, y debilitar al Consejo de Administración para los procesos de toma de decisiones.
Las organizaciones abajo firmantes, observamos que dicha iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura de forma personal, afecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas excluyendo a la sociedad en los procesos de toma de decisiones perjudicando principalmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, lo cual resulta trascendental no sólo para la empresa estatal, sino para México. Por lo que, consideramos de suma importancia que dicha reforma sea discutida tomando en cuenta la opinión de representantes sociales y especialistas en el sector. Un análisis riguroso sobre el papel que debe tener Pemex como empresa estatal y las características de su gobierno interno es materia de interés social y público, y debe realizarse de manera abierta y plural.
Anticipamos que de aprobarse el texto tal y como se ha presentado ante el órgano legislativo, existen riesgos inminentes para la empresa, la sociedad, y para el país por las siguientes tres razones:
- Una excesiva centralización del poder y proceso de toma de decisiones en la figura del Director de Pemex podría eliminar contrapesos y equilibrios internos en Pemex que son necesarios para la deliberación sobre asuntos con importantes impactos económicos, sociales, y medio ambientales, en detrimento de la transparencia e invita a la discrecionalidad y la corrupción en una sola figura Un debilitamiento de la función estratégica del Consejo de Administración podría anular de facto la estructura y funcionamiento de gobierno corporativo de la empresa cuya principal tarea es identificar y gestionar riesgos en función de los objetivos de máximo valor para la empresa
- La incorporación de soberanía y seguridad energética como principios que debe perseguir Pemex generarían una gran incertidumbre jurídica respecto del papel de Pemex en el modelo energético actual, pues se contrapone al mandato legal de la Secretaría de Energía de regir la política energética del país. Además, estos principios podrían contraponerse con el mandato constitucional de creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Mandato que tiene como fin último generar beneficios a la sociedad. Esta incertidumbre no permite tener claridad respecto del modelo energético no permite implementar indicadores de administración y sistemas de evaluación del desempeño del cuerpo directivo y añade incertidumbre sobre el papel que jugarían en este nuevo contexto empresas estatales y empresas privadas.
- La introducción de elementos que fortalecen la interferencia política podría desincentivar la promoción de la transparencia y la mejora de mecanismos internos para combatir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Darle al director general facultades para modificar el Plan de Negocios por razones políticas, emitir lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones; o regular la operación del sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas –todos ellos elementos contenidos en la iniciativa- podría incrementar el riesgo de corrupción y disminuir el apego a los principios de transparencia y competencia que establece la Constitución.
Es nuestra convicción que Pemex requiere fortalecerse para generar confianza en todos los ámbitos de su funcionamiento. Un modelo adecuado de buen gobierno para Pemex es asunto de todos los mexicanos. Por ello, insistimos en que se requiere que las propuestas de modificación al marco jurídico se realicen en un diálogo abierto y nacional.
