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PDVSA suspendió el vencimiento de bono y medidas de ejecución relacionadas.
El Gobierno de Venezuela y la estatal petrolera PDVSA suspendieron los plazos de vencimiento aplicables a los bonos y las medidas de ejecución relacionadas, dijeron el jueves en dos comunicados, en un intento por evitar que los acreedores presenten nuevas demandas.
Venezuela y PDVSA dejaron de pagar a los bonistas a finales de 2017. El Gobierno en aquel momento planteó una reestructuración de la deuda, pero el proceso se congeló en medio de la crisis política del país sudamericano y las medidas de Washington que impiden a ciudadanos y empresas estadounidenses reunirse con funcionarios venezolanos.
“El emisor deja expresa constancia una vez más, de su voluntad de cumplir con las obligaciones derivadas de los Bonos”, dijo PDVSA en un comunicado.
Gran parte de los bonos venezolanos se emitieron bajo la ley del estado de Nueva York y tienen una cláusula de prescripción legal que señala que los intereses de esos títulos no son exigibles judicialmente luego de seis años de impago.
Venezuela para octubre de 2023 tendrá seis años sin cancelar a los bonistas por lo cual existen riesgos de demandas de los acreedores antes de ese plazo.
PDVSA y más tarde el Ministerio de Finanzas dijeron en dos comunicados similares que la suspensión de la prescripción se mantendrá por cinco años (2028) o hasta que Estados Unidos levante las sanciones que “impiden la reestructuración de los bonos”.
El gobierno hizo una oferta similar a los bonistas en el 2020, sin éxito.
La deuda de Venezuela y PDVSA rondan los 60 mil millones de dólares.
Tras el anuncio de PDVSA, el comité de acreedores, que agrupa a fondos que tienen deuda venezolana por unos 10.000 millones de dólares, celebró la decisión de la petrolera e instó a la Asamblea Nacional opositora de 2015, a que respalde la suspensión del plazo de prescripción.
El Parlamento opositor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“Un acuerdo de suspensión de los plazos de prescripción y caducidad jurídicamente exigible evitaría malgastar dinero y recursos en litigios”, dijo el comité de acreedores en un comunicado.
Dos fuentes financieras señalaron que el anuncio tendría que contar con el respaldo del Parlamento opositor porque es el reconocido por Estados Unidos.
Washington, luego de la eliminación del gobierno interino que lideraba Juan Guaidó, ha dado el respaldo al congreso opositor que creó un comité para proteger los activos en el extranjero, entre ellos, el refinador Citgo, filial de PDVSA.
Citgo cuenta con una protección de posibles embargos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
Reuters (Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Mayela Armas)
