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Expertos aseguran que la energía sería más cara y contaminante con la propuesta de reforma eléctrica.
Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energía de la Coparmex, expresó que se quiere una Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuerte, pero las tarifas de consumo básico no han bajado y la propuesta de reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de las y los mexicanos a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar.
Hizo votos para sumar esfuerzos entre los privados y el gobierno, porque México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica de Norteamérica y Centroamérica; hay interconexiones y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica. Es importante el trabajo en equipo para enfrentar el reto que es el sistema eléctrico del país. De darse la reforma constitucional en sus términos, se apagarían estas centrales.
Añadió que las empresas están comprometidas con la responsabilidad social, el medio ambiente y con toda la comunidad del país. Reconoció que la CFE es el principal proveedor de energía limpia, pero es insuficiente. “No ha habido nueva energía limpia por parte de CFE en los últimos 20 años y el crecimiento que hemos visto de tres por ciento de 2016 al 11% de pura energía eólica y solar y con la biomasa 12%, será gracias a la entrada al mercado y a las inversiones privadas que se detonaron en ese entonces”.
Destacó que no se debe hacer una reforma constitucional que meta en una licuadora a los suministradores calificados, básicos y sociedades de autoabasto, porque son dos esquemas de generación distintos que no se pueden comparar. Además, comentó, las tarifas en México no deberían subir menos que la inflación, porque están hechas para disminuir, a través de la libre competencia y que el consumidor se sienta bien atendido. Se está dejando fuera al consumidor, a las familias mexicanas y a las pequeñas y medianas empresas. Pugnó por revisar la reglamentación y los manuales.
Por otra parte, José María Lujambio, abogado energético y socio del despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comentó que la iniciativa propuesta no cumplirá con los propósitos que se están planteando; al contrario, tendría impactos negativos en muy diversos sentidos. “De aprobarse la reforma se legalizaría esta práctica de mayor utilización de fuentes fósiles y la energía sería más cara, contaminante y escasa”.
Mencionó que la finalidad del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. Asimismo, contribuye directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicios más baratos y de mayor calidad.
Indicó que en los últimos años se ha visto que los contratos de suministro calificado permiten lograr ahorros para los grandes consumidores, entre 5 y hasta 30%, siendo el rango más común entre 15 y 25%.
Comentó que el Ejecutivo ha pedido al Congreso evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor de energía eléctrica que más les convenga. “Necesitamos darnos cuenta que la salida de inversiones productivas sería devastadora para la economía mexicana”.
