Si bien existe una gran duda respecto al respaldo legislativo necesario para aprobar la reforma constitucional en materia energética, vale la pena detenerse a reflexionar sobre su contenido y todas las consecuencias económicas, sociales, legales y, específicamente institucionales, que probablemente traerá consigo la iniciativa planteada.
Desde el inicio del sexenio actual, el gobierno en turno ha impuesto una gran agenda nacionalista, cada vez más marcada, dentro del sector energético. Como hemos comentado en otras entregas, ello no ha resultado difícil por la eficacia y claridad que existe dentro del mensaje emitido: CFE, en representación de los mexicanos, debe fortalecerse de manera formidable, ya que su enemigo son las empresas privadas con las que compite y que, en este relato, se han beneficiado de forma indebida y a su costa.
Así, una iniciativa de reforma en la más alta esfera normativa no es algo que debe asombrar a la gente que ha seguido de cerca los cambios formales y materiales que se han buscado imponer dentro del sector en los últimos años. Resulta claro que, principalmente dentro del sector eléctrico, a través de diversos cambios regulatorios y posteriormente, a través de modificaciones legislativas –todos relacionados en ese momento con el concepto de confiabilidad del sistema–, el Ejecutivo federal buscó concentrar facultades dentro de la Sener y, como consecuencia, fortalecer a las empresas productivas del Estado.
Misión: cambiar el modelo que ha funcionado durante 30 años
Como el más reciente, y posiblemente final embate, tenemos que el pasado 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional. Al respecto, mediante la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, no solo se busca cambiar por completo la organización y funcionamiento vigente del sector energético, aprobado en 2013, sino también la organización industrial que ha funcionado durante 30 años.
Desde un inicio, la exposición de motivos es muy reveladora, estableciendo cómo los verdaderos motivos de la reforma de 2013, el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Lo anterior, contribuyó para el desmantelamiento de la industria eléctrica y el debilitamiento del Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa entonces intenta regresar al Estado el control total del sector eléctrico nacional.
Electricidad como actividad estratégica
Por lo que refiere a contenido, destacan principalmente los siguientes puntos:
- Se establece a la electricidad como actividad estratégica –una sola actividad integral–.
- Se cancelan a particulares los permisos de generación, contratos de compraventa de energía vigentes y solicitudes pendientes de resolución.
- Se limita la participación privada en generación de energía a un 46 por ciento.
- Se incorpora a CFE como organismo del Estado encargado del área estratégica referida, integrando al CENACE dentro de su estructura y suprimiendo toda separación legal de sus subsidiarias y filiales.
- Desaparición de los reguladores sectoriales CRE y CNH.
- CFE estará a cargo de la transición energética.
Al respecto, si bien pareciera que el planteamiento únicamente tiene impacto en materia de electricidad, lo cierto es que es una iniciativa energética que tiene muchas otras implicaciones, en materia de hidrocarburos, por ejemplo, con la desaparición de la CNH, así como en materia ambiental, como resulta el dejar a cargo de la transición energética a un actual competidor dentro del mercado de generación eléctrica, que normalmente se ha caracterizado por generar con plantas menos modernas, más contaminantes y más caras.
Contra las energías renovables
En el plano del cambio climático, la iniciativa claramente generará obstáculos para la implementación de centrales con tecnologías renovables en nuestra matriz de generación eléctrica e inhibirá la mitigación de gases de efecto invernadero. Asimismo, es importante mencionar que la propuesta prevé el establecimiento de un monopolio sobre la minería del litio, insumo esencial para el desarrollo de baterías, fundamentales para resolver problemas como la confiabilidad del sistema, así como de generación de emisiones, a través de coches eléctricos.
Aunado a esos ejemplos, la parte esencial dentro de las modificaciones es la reorganización del sector que modifica completamente los fundamentos institucionales actuales. Mediante la desaparición de los reguladores autónomos y del operador independiente del sistema, se busca hacer de CFE una fortaleza, anteponiendo sus intereses particulares al bienestar de los ciudadanos, su salud y su economía. Como se adelantaba, CFE no será ya una empresa que deba buscar ser eficiente y ser competitiva en el mercado, sino un organismo repleto de autonomía, cuyos alcances aún no resultan claros.
Para el caso de que este esfuerzo del Ejecutivo Federal prospere, nuevamente veríamos una afectación inmensa a las inversiones privadas que se generaron en el sector y una reducción lógica de una confianza ya golpeada para otros nuevos inversionistas en el país.
Defender inversiones a través del arbitraje
Por lo que respecta a medios jurídicos de defensa, al tratarse de una modificación constitucional, no resultaría aplicable la vía del juicio de amparo. Sin embargo, existen alternativas como los tratados de protección de inversiones que otorgan una serie de derechos y medios para que los inversionistas puedan defender sus inversiones a través del arbitraje.
Como nota final, resulta claro que la iniciativa ha sido rechazada en general por el sector privado, así como la oposición. No obstante, parece que el voto decisivo esta vez lo tiene el PRI, partido que en su momento lideró –con cuadros diferentes– la Reforma Energética de 2013 y cuya marca se encuentra sumamente debilitada.
