La política energética del gobierno enfrenta el reto de convencer a una mayoría calificada y Congresos locales, además surgiría una nueva controversia, porque atentaría contra dos derechos fundamentales: el de la salud y el de un medio ambiente limpio.
Juan Carlos Machorro, socio experto en sector energía de la firma Santamarina y Steta, señaló un panorama de fracasos para la política energética de México, que eventualmente llevarán a retomar el rumbo de la competitividad en un mercado abierto global.
“Tanto del tema electricidad como de hidrocarburos, es claro que este gobierno tiene una visión muy distinta al anterior. Lamentablemente, hoy los jugadores del sector están más dedicados a defender sus derechos en tribunales que en estar desarrollando sus negocios, con derrama para empresas mexicanas”, dijo.
El especialista explicó que la política energética federal empezó a tratar de dar marcha atrás con la reforma energética desde el principio del régimen, con acciones administrativas tales como la cancelación de licitaciones, rondas y subastas. Luego, hace año y medio, intentó emitir reglas administrativas en contra de la libertad de mercado, con un decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Esto empezó a impactar a los jugadores del sector, quienes presentaron medios de defensa.
“Afortunadamente, los tribunales han estado a al a altura de la Constitución y han estado frenando estos intentos”, subrayó. Juan Carlos Machorro añadió que “contra el propio dicho del Presidente, que reza que las escaleras se barren de arriba para abajo, esta vez actuó al revés, porque hay una jerarquía en las leyes y la más alta es la Constitución. Para infortunio de la política energética actual de contra-reforma, la nueva composición del Congreso resta poder al Ejecutivo para modificarla”.
El experto aclaró que, aún en el remoto caso de que el régimen llegase a intentar una reforma de la Constitución, logrando convencer a una mayoría calificada y Congresos locales, surgiría una nueva controversia, porque atentaría contra dos derechos fundamentales: el de la salud y el de un medio ambiente limpio, dado que el Gobierno Federal insiste en regresar a una economía cerrada y contaminante, privilegiando a PEMEX y a CFE en sus viejas prácticas, en lugar de impulsar a estas empresas y a otros agentes hacia la evolución a energías limpias, en un ambiente de libre competencia.
“Adicionalmente, la política energética actual se estaría topando con un siguiente frente, que lo constituyen todos los acuerdos y tratados que tiene con numerosos países. Particularmente el TMEC, en el que México está fuertemente comprometido en materia comercial, ambiental y de derechos humanos. Aunque en la confirmación de dicho tratado la 4T dejó una cláusula para que México se reserve el derecho para reformar sus leyes, el tratado es complejo y tiene varios capítulos entrelazados. Simplemente, no se puede cerrar la economía ni atentar contra una filosofía de protección ambiental y derechos humanos que ya adoptaron nuestros socios y el resto del mundo”,concluyó.
