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La inversión energética enfrenta una ruta cada vez más exigente de permisos, regulación ambiental y certeza jurídica.
El capital está listo para entrar al sector energético mexicano, pero convertirlo en proyectos es el verdadero desafío. Entre restricciones legales, permisos, evaluaciones ambientales y nuevas exigencias regulatorias, cada inversión debe recorrer una ruta compleja antes de traducirse en infraestructura, electricidad y desarrollo económico.
El auge del nearshoring y las nuevas tecnologías han transformado el sector energético global y de México, acelerando la transición hacia fuentes más limpias y aumentando la demanda de electricidad. Este proceso también ha incrementado la relevancia de la regulación sobre el capital, los permisos y el impacto ambiental, haciendo que las inversiones enfrenten mayores requerimientos antes de llegar a la etapa de construcción y operación.
La regla general de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) establece que el capital foráneo puede participar en cualquier proporción en el capital social de empresas mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad, abrir establecimientos, ampliar operaciones o relocalizarlas, salvo las restricciones establecidas por la propia legislación.
La LIE reserva al Estado, entre otras funciones estratégicas, la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos; la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional; el servicio público de transmisión y distribución de electricidad; y la generación de energía nuclear.
Por ello, para un inversionista extranjero el primer análisis no consiste únicamente en determinar cuánto capital puede aportar, sino en qué actividad puede participar, bajo qué figura jurídica y cuáles son los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el proyecto.
Capital extranjero sigue llegando
La apertura al capital internacional ocurre en un contexto de fuerte entrada de recursos. La Secretaría de Economía reportó que México recibió 40,871 millones de dólares (mdd) de Inversión Extranjera Directa en 2025, cifra récord para un cierre anual y 10.8% superior a la cifra originalmente publicada para 2024. Del total, 67.7% correspondió a reinversión de utilidades, 18% a nuevas inversiones y 14.3% a cuentas entre compañías.
En el sector energético también existe un volumen importante de proyectos anunciados. Data México registra 24,896 mdd en expectativas de inversión anunciada para energía en 2024, por debajo de manufactura, pero por encima de transporte.
En cuanto a los flujos registrados, entre enero y septiembre de 2024 la rama de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica recibió 367 millones de dólares de IED. El acumulado para esa actividad entre enero de 1999 y septiembre de 2024 alcanzó 15,805 millones de dólares.
Regulación ambiental, otro filtro
La inversión no termina con la estructura corporativa ni con la disponibilidad de capital. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que determinadas obras y actividades deben someterse a evaluación federal de impacto ambiental. Entre ellas se encuentran proyectos relacionados con la industria eléctrica, petróleo, petroquímica, así como determinadas obras de infraestructura, incluidos ductos y cambios de uso de suelo en terrenos forestales.
La evaluación ambiental, por tanto, forma parte de la ruta regulatoria que debe considerar cualquier proyecto energético desde su planeación. El objetivo es determinar sus posibles efectos sobre los ecosistemas y establecer, cuando corresponda, las medidas de prevención, mitigación y compensación.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entre octubre de 2024 y junio de 2025 fueron atendidos 458 proyectos dentro del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental; 410 fueron registrados y analizados. De estos, 286 obtuvieron autorización y 124 no fueron autorizados por carecer de viabilidad ambiental y de los proyectos autorizados, 266 reportaron una inversión conjunta de alrededor de 273 mil millones de pesos, además de 1,176 empleos.
