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Los desarrolladores que han apostado por los esquema mixtos de la CFE deberán superar garantías, financiamiento y contratos antes de convertir los 7 mil 400 MW adjudicados en centrales operativas.
La adjudicación de 7 mil 400 megavatios (MW) en 37 proyectos dentro del nuevo esquema mixto de generación impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue celebrada como una señal de reactivación para el mercado eléctrico mexicano. Sin embargo, detrás de los anuncios y las cifras récord, comienza una etapa mucho más compleja para los desarrolladores: demostrar que esos proyectos pueden construirse, financiarse y operar en tiempo y forma.
La convocatoria de la empresa pública, logró atraer a decenas de firmas interesadas en participar en la expansión del sistema eléctrico nacional. Pero, antes de colocar el primer panel solar o levantar una turbina, los desarrolladores deberán superar una serie de filtros financieros, contractuales y regulatorios que podrían definir el éxito o fracaso de las inversiones.
Uno de los primeros pasos para las empresas será presentar las llamadas garantías de seriedad, un mecanismo diseñado para asegurar que los proyectos adjudicados realmente se desarrollen.
Estas garantías obligan a los participantes a inmovilizar una parte importante de recursos financieros durante la ejecución de las obras. Si el proyecto cumple con los plazos y llega a operación comercial, esos recursos son liberados. Pero si la empresa incumple, la CFE puede ejecutar la garantía.
Para muchas empresas, este requisito representa el primer gran filtro de la convocatoria, ya que exige una capacidad financiera considerable incluso antes de iniciar la construcción.
Más allá de las garantías, el desafío más importante será cerrar el financiamiento de los proyectos.
La estructura financiera prevista para estas centrales contempla que entre el 70% y el 80% de la inversión provenga de deuda, mientras que el capital aportado directamente por los desarrolladores representará entre el 20% y el 30%.
Esto implica que las empresas deberán convencer a bancos, fondos de inversión y entidades financieras de que los proyectos son viables y rentables a largo plazo.
Parte de las negociaciones realizadas durante los últimos meses giró precisamente en torno a este punto: los ingresos esperados, las condiciones de compra de energía por parte de la CFE y la rentabilidad proyectada fueron elementos fundamentales para estructurar el financiamiento.
El atractivo de tener a la CFE como comprador
Uno de los elementos que da certidumbre a los inversionistas es que el esquema establece que la CFE adquirirá el 70% de la energía producida por los proyectos adjudicados.
El 30% restante podrá comercializarse en el Mercado Eléctrico Mayorista, permitiendo a los desarrolladores diversificar ingresos y mejorar la rentabilidad de sus inversiones.
Esta combinación busca equilibrar la participación del Estado con la inversión privada, ofreciendo contratos de largo plazo que faciliten el acceso al financiamiento.
Más allá de los aspectos financieros, el gobierno apuesta a que estos proyectos contribuyan a resolver uno de los principales desafíos energéticos del país: el crecimiento de la demanda eléctrica.
El mercado ya piensa en la siguiente ronda
Mientras los proyectos avanzan hacia la firma de contratos y el cierre financiero, el sector energético ya mira hacia las próximas convocatorias. Las autoridades han adelantado nuevos procesos para generación privada y proyectos asociados al almacenamiento energético, un segmento que despierta cada vez más interés debido a la necesidad de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.
Muchas de las empresas que quedaron fuera de esta primera ronda podrían volver a competir, ahora con una mejor comprensión de los requisitos técnicos y financieros exigidos por el gobierno.
