La STPS determinó que el bloqueo en la mina de oro Camino Rojo no forma parte de una negociación colectiva, pero el conflicto laboral sigue abierto.
La canadiense Orla Mining busca recuperar la normalidad en su mina de oro Camino Rojo, en Zacatecas, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó que el bloqueo realizado por trabajadores desde el pasado 1 de junio no forma parte de un proceso formal de negociación colectiva.
La resolución abre la puerta para que las operaciones se reanuden en uno de los proyectos mineros más importantes del país. Sin embargo, detrás del conflicto existe una historia más profunda que involucra acusaciones de interferencia sindical, señalamientos internacionales y un reciente fallo laboral en el marco del T-MEC.
Orla Mining informó que representantes del Sindicato de Beneficio de Minas sostuvieron reuniones con autoridades laborales federales, tras las cuales se concluyó que la protesta no puede ser considerada parte de una negociación colectiva.
Con esta determinación, la empresa espera que el acceso a la mina sea liberado y que las actividades productivas puedan retomarse en las próximas horas.
La minera advirtió que, si los manifestantes mantienen el bloqueo pese a la resolución oficial, buscará otras medidas para restablecer las operaciones en coordinación con las autoridades competentes.
Al mismo tiempo, aseguró que mantiene disposición para dialogar con los trabajadores sobre temas relacionados con primas de productividad una vez que la mina vuelva a operar con normalidad.
Una mina clave para la producción de oro
Camino Rojo se ha convertido en uno de los activos más relevantes de Orla Mining.
Tan sólo durante 2025, la operación registró una producción de 96 mil 764 onzas de oro, consolidándose como una pieza estratégica dentro del portafolio de la compañía canadiense.
Por ello, cualquier interrupción en las actividades tiene impacto directo en la producción y en los resultados financieros de la empresa.
Aunque la discusión actual gira en torno al bloqueo, la mina ya venía enfrentando cuestionamientos importantes.
Hace apenas unos meses, un panel laboral establecido bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyó que en Camino Rojo existieron violaciones graves a derechos laborales.
La investigación determinó que hubo interferencia patronal en el proceso de representación sindical de los trabajadores.
Según las conclusiones del panel, la empresa habría influido en actividades sindicales para favorecer cambios en la representación gremial dentro de la mina.
Acusaciones de intimidación y denegación de derechos
Las conclusiones del mecanismo laboral del T-MEC fueron especialmente delicadas.
El panel consideró que existieron actos de intimidación dirigidos a trabajadores para que abandonaran al Sindicato Minero y se incorporaran al Sindicato Beneficio de Minas.
Además, señaló una posible denegación de derechos relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva.
Como parte de las medidas correctivas propuestas, se plantearon acciones que incluyen disculpas públicas, reinstalaciones, compensaciones económicas e indemnizaciones para trabajadores afectados.
Un conflicto que sigue abierto
La resolución de la STPS sobre el bloqueo representa un avance para que la mina retome actividades, pero no elimina el trasfondo del conflicto laboral.
Por un lado, la empresa busca garantizar la continuidad de una de sus operaciones más rentables. Por otro, persisten cuestionamientos sobre el respeto a los derechos sindicales y laborales dentro de la mina.
El caso de Camino Rojo se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de cómo los conflictos laborales en México pueden escalar hasta convertirse en asuntos de interés internacional bajo los mecanismos de vigilancia del T-MEC.
Mientras las autoridades laborales buscan destrabar el conflicto inmediato, el debate sobre las condiciones laborales y la representación sindical en la mina continúa abierto.
