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Greenpeace presentó dos denuncias para investigar el derrame que afectó mil 100 km de costas en el Golfo de México. La organización acusa a Pemex de ocultar información y exige sanciones por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
A casi cuatro meses del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, Greenpeace México presentó dos denuncias para exigir que las autoridades determinen responsabilidades por la contaminación que afectó alrededor de mil 100 kilómetros de costas y que investiguen el manejo de la emergencia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La organización ambiental sostiene que la empresa productiva del Estado incurrió en omisiones y retrasos en la difusión de información relacionada con el incidente, cuyos efectos alcanzaron playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
La primera denuncia fue presentada el pasado 4 de mayo ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), aunque fue dada a conocer públicamente este jueves.
En el documento, Greenpeace solicita que las autoridades identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de los ecosistemas marinos y costeros afectados y supervisen la correcta disposición final de los residuos recolectados durante las labores de limpieza.
Asimismo, la organización pidió la implementación de mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades potencialmente expuestas a los efectos de los hidrocarburos.
Señalan retrasos y falta de información
Greenpeace recordó que fue hasta el 16 de abril cuando Pemex reconoció públicamente que la fuga de combustible tuvo origen en instalaciones de la plataforma Abkatún Cantarell.
De acuerdo con lo informado por la propia empresa en conferencia de prensa, existieron problemas relacionados con la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto, reparaciones que no fueron reportadas oportunamente, información no difundida sobre agua oleosa recuperada y una demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero.
La organización ambiental expresó además preocupación por la limitada información disponible sobre riesgos de exposición a hidrocarburos para la población, así como por presuntas deficiencias en la entrega de equipos de protección personal durante las tareas de atención a la emergencia.
Otro de los puntos planteados por Greenpeace se refiere a las diferencias en la atención brindada a las zonas impactadas por el derrame.
Según la organización, diversas comunidades y agrupaciones han denunciado que los esfuerzos de limpieza se concentraron principalmente en destinos turísticos y áreas de fácil acceso, mientras que localidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas más tardías o insuficientes.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, señaló Greenpeace México.
También piden investigar a funcionarios de Pemex
La segunda denuncia fue presentada ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex y busca esclarecer posibles actos u omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información dentro de la empresa.
Greenpeace solicitó que se investiguen posibles responsabilidades del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros servidores públicos que pudieran haber participado en decisiones vinculadas con la atención del derrame y la comunicación interna sobre el incidente.
Además, pidió que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras autoridades competentes hagan pública toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026.
La organización también solicitó que, en caso de acreditarse responsabilidades administrativas, se apliquen las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se adopten medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se pondrán en marcha para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, concluyó Greenpeace México.
