La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de mayo de 2026 de la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, alineados a la planeación vinculante, marca mucho más que la apertura de una nueva ventana regulatoria para proyectos eléctricos en México. En realidad, representa uno de los primeros momentos donde el nuevo modelo energético mexicano comienza a operar de manera tangible sobre el mercado, redefiniendo no solo cómo se desarrollan los proyectos, sino también quiénes podrán competir exitosamente dentro del sector eléctrico en los próximos años.
Durante más de una década, el crecimiento de la infraestructura energética en México estuvo impulsado, en gran medida, por una lógica cercana al first come, first served. En términos prácticos, la velocidad para asegurar tierra, interconexión, permisos y financiamiento era uno de los factores más determinantes para ganar posición competitiva. La capacidad de ejecutar rápidamente permitía capturar espacios estratégicos dentro de la red y asegurar viabilidad económica antes que otros participantes. Sin embargo, la Segunda Convocatoria revela que esa lógica comienza a transformarse profundamente.
El nuevo modelo deja ver que el desarrollo de proyectos ya no dependerá únicamente de su viabilidad técnica o financiera. Ahora, la alineación institucional, la compatibilidad con la planeación vinculante, la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la capacidad de integración territorial y social adquieren un peso tan relevante como el propio recurso energético. En otras palabras, México comienza a transitar de un mercado impulsado por velocidad de desarrollo hacia uno gobernado por alineación sistémica.
Este cambio no puede analizarse de manera aislada. La propia Convocatoria deriva directamente de la reforma constitucional energética de octubre de 2024, de la reforma administrativa de marzo de 2025 y del nuevo marco regulatorio secundario, implementado a finales de 2025, que redefinió las facultades institucionales dentro del sector eléctrico mexicano. Lo que estamos observando es la consolidación de un modelo donde el Estado retoma un rol mucho más activo en la conducción, priorización y administración de la expansión energética nacional.
En este sentido, la planeación vinculante deja de ser únicamente un instrumento orientador de política pública y comienza a convertirse en un mecanismo operativo de selección de proyectos. La Convocatoria establece expresamente que los proyectos deberán alinearse a los Instrumentos de Planeación del Sector Energético y a las necesidades del SEN definidas por la SENER. Incluso, la autoridad podrá dejar fuera proyectos ubicados en regiones no contempladas dentro de la planeación estratégica. Esto modifica radicalmente la lógica histórica del mercado eléctrico mexicano.
La interconexión, que durante años fue vista principalmente como un procedimiento técnico, empieza ahora a funcionar también como un instrumento de política energética. El acceso a capacidad de red deja de depender exclusivamente del orden de llegada y comienza a relacionarse con criterios de confiabilidad, expansión prioritaria y utilidad sistémica. Ese cambio es probablemente uno de los movimientos más importantes que hoy enfrenta la industria.
En paralelo, la creación y consolidación de la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético (VUPE) evidencia que el objetivo institucional es construir un sistema centralizado de coordinación y seguimiento de proyectos. A través de esta plataforma se integran expedientes, se coordinan autoridades, se da seguimiento continuo a permisos y se concentra la trazabilidad completa del desarrollo de los proyectos. Más que una herramienta administrativa, la VUPE se perfila como un mecanismo de administración activa del pipeline energético nacional.
Esto significa que el Estado no sólo regulará proyectos; también administrará secuencialmente cuáles avanzan, en qué regiones, bajo qué condiciones y con qué impacto sobre el sistema eléctrico. Desde una perspectiva estratégica, este es uno de los cambios más sofisticados y estructurales del nuevo modelo energético mexicano.
Otro actor que gana un peso significativamente mayor dentro de esta nueva arquitectura es el CENACE. Históricamente percibido principalmente como operador técnico del sistema, el nuevo esquema le otorga facultades mucho más relevantes dentro del proceso de expansión energética. Ahora no solo realizará reevaluaciones de estudios, sino que podrá redefinir costos de refuerzo, validar viabilidad técnica, redistribuir costos compartidos y reevaluar condiciones de interconexión conforme a las necesidades sistémicas del SEN. En términos prácticos, el CENACE comienza a consolidarse como uno de los principales filtros técnicos y sistémicos para el crecimiento de nueva infraestructura eléctrica en el país.
La dimensión del rediseño institucional también puede observarse en las metas presentadas por la SENER. El gobierno proyecta más de 32 GW adicionales hacia 2030, más de 6,145 MW de almacenamiento energético y una inversión cercana a 738 mil millones de pesos. Sin embargo, el dato más relevante quizá no es el volumen de capacidad proyectada, sino la arquitectura bajo la cual se pretende construir: un esquema donde la expansión eléctrica mantiene prevalencia estatal, con aproximadamente 54% de participación asociada a CFE y 46% privada.
La señal para inversionistas y desarrolladores es clara. El capital privado sigue teniendo espacio en México, pero bajo una lógica mucho más coordinada institucionalmente, donde la capacidad de alineación estratégica será tan importante como la capacidad financiera.
En este contexto, la Segunda Convocatoria también funciona como un mecanismo de selección natural dentro del mercado eléctrico mexicano. Los tiempos reducidos, la exigencia documental, las reevaluaciones técnicas, la necesidad de acreditar avances territoriales y sociales, así como la aceptación obligatoria de costos de refuerzo e interconexión, elevan considerablemente el estándar competitivo.
Esto probablemente provocará una concentración gradual del mercado en jugadores con mayor capacidad institucional, financiera y regulatoria. El nuevo desarrollador exitoso ya no será únicamente quien tenga mejor tecnología o menor CAPEX. Será quien logre integrar estrategia regulatoria, gestión social, viabilidad territorial, capacidad financiera y alineación institucional dentro de una sola estructura de ejecución.
Uno de los elementos más disruptivos del nuevo modelo es, además, el papel que comienza a adquirir el almacenamiento energético. La Convocatoria establece que los proyectos renovables deberán incorporar almacenamiento equivalente al menos al 30% de la capacidad instalada y con una duración mínima de tres horas. Esto representa una señal altamente relevante para el mercado.
México comienza a institucionalizar el almacenamiento no como un complemento tecnológico opcional, sino como infraestructura estratégica para garantizar confiabilidad, flexibilidad operativa y administración de congestión dentro del sistema eléctrico. Y eso transforma completamente los modelos de inversión, los perfiles de riesgo, las estructuras de financiamiento y la evaluación de bancabilidad de los proyectos renovables.
La transición energética mexicana entra así en una etapa mucho más sofisticada. El reto ya no consiste únicamente en incorporar más generación renovable, sino en asegurar que el sistema pueda integrar esa capacidad de forma estable, flexible y confiable.
