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La coyuntura actual de México frente al fenómeno del nearshoring no es solo una cuestión de geografía privilegiada, sino un desafío estructural de números y voluntad política. En el tablero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país presenta una paradoja que frena su competitividad: mantenemos una de las tasas impositivas más altas, pero, irónicamente, registramos la recaudación más baja del bloque.
En este escenario, Francisco Carbajal Domínguez, socio experto consultor fiscal de la firma Santamarina + Steta, ha puesto el dedo en la llaga. Para el especialista en transacciones cross-border, la clave no reside únicamente en atraer capitales, sino en reconstruir un “círculo virtuoso” donde la inversión y la recaudación se retroalimenten para dotar al país de la infraestructura que la relocalización de empresas exige.
Los datos son reveladores, pues mientras que el promedio de recaudación respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en la OCDE ronda el 27-28%, México apenas alcanza un margen del 16-17%. Sin embargo, la carga fiscal nominal para las empresas en territorio nacional se sitúa en el 30%, superando significativamente el promedio de los países miembros, que oscila entre el 23% y el 25%.
“Si revertimos eso hacia un círculo virtuoso, entraremos al grupo de países que recaudan más y por ello invierten más en infraestructura, seguridad, conectividad y energía”, señala Carbajal Domínguez.
Esta asimetría coloca a México en una posición de desventaja y el argumento es contundente; más inversión privada genera desarrollo, y el desarrollo es, en última instancia, el programa social más efectivo y sostenible para una nación.
El nearshoring tiene un techo que solo podrá romperse si los estímulos fiscales, como los planteados en el Plan México, trascienden las regiones actuales y se extienden con fuerza hacia las franjas del centro y norte del país. No obstante, el consultor fiscal advierte que los incentivos tributarios, por sí solos, son insuficientes.
“Si no se da una inversión conjunta de gobierno y de empresas, los estímulos fiscales terminan siendo sólo de papel”, enfatiza el experto.
La realidad del mercado global es la de un “mercado de compradores”; es decir, las empresas tienen múltiples destinos donde colocar sus cadenas de suministro. Si México no ofrece la infraestructura adecuada (energía garantizada, conectividad eficiente y seguridad jurídica), los beneficios fiscales perderán su capacidad de atracción.
Para que la relocalización sea un éxito total, el gobierno debe fungir como el facilitador que prepare el terreno. La visión de Santamarina + Steta es clara: el Estado debe invertir para que las empresas lleguen, prácticamente, “solo a conectarse” y producir.
Sin un acompañamiento de instrumentos de inversión sólidos y un entorno de certidumbre legal, el gran potencial de México corre el riesgo de diluirse en la burocracia y la falta de servicios básicos industriales. El mensaje para la administración pública es directo: los estímulos fiscales deben ser el detonador, pero la inversión pública en infraestructura es la mecha que mantendrá encendido el motor del crecimiento económico a largo plazo.
