La nueva ley de infraestructura permite inversión público-privada y contratos de largo plazo, con esquemas mixtos y nuevas figuras financieras.
La aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar marca un cambio relevante en la estrategia del gobierno mexicano para detonar proyectos de gran escala.
De acuerdo con Aldo Gonzáles, de Holland & Knight, el eje central de esta legislación es la apertura a esquemas de inversión mixta, donde el sector público y privado podrán participar conjuntamente en el financiamiento, desarrollo y operación de infraestructura en sectores clave como energía, transporte, agua, salud y tecnología.
Además, la ley permite establecer contratos de hasta 40 años, lo que busca ofrecer certidumbre y horizonte de recuperación a los inversionistas.
Nuevos vehículos para canalizar inversión
Uno de los principales instrumentos contemplados son los vehículos de propósito específico (VPE), diseñados para aislar riesgos y estructurar financieramente los proyectos.
Estos vehículos podrán adoptar distintas figuras jurídicas, como fideicomisos o sociedades mercantiles (incluidas SAPIs y SABs), y tendrán la posibilidad de emitir instrumentos de deuda como certificados bursátiles.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá coordinar estos mecanismos, aunque su creación no implicará automáticamente obligaciones financieras para el Estado, lo que refuerza el enfoque de disciplina fiscal.
Modelos de inversión: largo plazo y coinversión
La legislación contempla distintos esquemas de participación:
- Contratación de largo plazo, donde el inversionista privado financia, construye y opera proyectos a cambio de pagos periódicos ligados a desempeño.
- Inversión mixta, que implica coinversión directa entre gobierno e iniciativa privada, compartiendo riesgos y beneficios.
- Esquemas sectoriales específicos, especialmente en áreas como energía.
En el modelo de coinversión, los inversionistas podrán participar directamente en el capital de los proyectos, en una estructura similar a una joint venture con el Estado, lo que abre nuevas oportunidades, pero también implica negociaciones contractuales más complejas.
Garantías, pero con límites fiscales
La ley también prevé que los proyectos puedan acceder a garantías del Gobierno federal, así como financiamiento de la banca de desarrollo o instituciones multilaterales, con el objetivo de mejorar su viabilidad financiera.
No obstante, establece restricciones claras: no se crean nuevas fuentes de gasto ni se permite una asignación automática de recursos. Todos los compromisos deberán cumplir con la legislación vigente en materia presupuestaria y de deuda.
En este contexto, se realizaron ajustes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para integrar estos esquemas dentro del marco fiscal existente.
Un modelo en construcción
La implementación de la ley dependerá en gran medida de su regulación secundaria. El proceso de desarrollo de proyectos contempla tres etapas: elegibilidad, procedencia y adjudicación, sin modificar los mecanismos legales existentes en materia de contratación pública.
Además, la creación del Consejo de Planeación Estratégica, encargado de evaluar y dar seguimiento a los proyectos, aún está pendiente. La ley establece un plazo de hasta 120 días para su instalación y 180 días adicionales para emitir reglamentos y lineamientos.
Retos para atraer inversión
De acuerdo con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, aunque la ley abre oportunidades, también plantea desafíos importantes. La correcta asignación de riesgos, la estructuración financiera y la claridad en los contratos serán factores clave para atraer inversión privada.
Asimismo, aspectos como derechos de gobernanza, mecanismos de salida y protección a inversionistas no están estandarizados, por lo que deberán definirse caso por caso.
El éxito de este nuevo marco dependerá de su implementación y de la confianza que logre generar en los mercados.
