Especialistas advierten riesgos en el nuevo esquema que contempla una inversión millonaria en infraestructura, por falta de contrapesos y retrasos en proyectos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, envió la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, lo cual ha encendido alertas entre especialistas.
Uno de los principales puntos de preocupación es la concentración de decisiones en el Consejo de Planeación Estratégica, órgano que estaría encabezado por la Presidencia e integrado por dependencias clave del Ejecutivo federal como Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional y Marina.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ausencia de mecanismos de revisión externa o participación de expertos independientes podría debilitar la certeza jurídica y afectar los incentivos para la inversión privada.
“El gobierno está explorando todos los mecanismos posibles con participación del Estado para desarrollar nuevos proyectos sin que necesariamente recaigan sobre la restricción presupuestal”, indicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO.
Un ambicioso plan con dudas sobre su ejecución
La iniciativa llega después de la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar, que contempla incorporar 722 mil millones de pesos adicionales en 2026, como parte de una meta total de 5.6 billones de pesos hacia 2030.
Este monto equivale a toda la inversión física pública acumulada entre 2019 y 2024, lo que da cuenta de la magnitud del objetivo.
No obstante, especialistas advierten que es poco probable que estos recursos se materialicen en el plazo previsto. La experiencia en proyectos de infraestructura en México muestra que los tiempos suelen extenderse debido a múltiples factores.
Riesgos operativos y retrasos estructurales
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran:
- Procesos de asignación complejos
- Estructuración contractual prolongada
- Obtención de permisos regulatorios
- Conflictos sociales y laborales
- Evaluaciones ambientales
Estos elementos suelen generar retrasos significativos, lo que pone en duda la viabilidad de ejecutar la totalidad de los proyectos en el periodo 2026–2030.
Modelos de inversión: oportunidades y desafíos
La iniciativa plantea dos esquemas de participación mixta:
- Contratación de largo plazo, donde el sector privado financia, construye y opera, recuperando su inversión con pagos condicionados al desempeño
- Inversión mixta, en la que ambos sectores comparten riesgos y recursos
Si bien estos modelos buscan atraer capital privado, su éxito dependerá en gran medida de la claridad en reglas, transparencia y certidumbre jurídica.
Foco en la discusión legislativa
El Instituto Mexicano para la Competitividad adelantó que el proceso legislativo de esta iniciativa, contiene tres aspectos clave: la certeza jurídica para inversionistas, la transparencia en la asignación de proyectos y la falta de contrapesos en la toma de decisiones.
El organismo advierte que, sin ajustes en estos rubros, el plan podría enfrentar dificultades para atraer inversión y cumplir sus metas.
De acuerdo con el directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la falta de claridad es un factor clave para evaluar si estos planes lograrán atraer inversión privada.
“Si los proyectos están bien estructurados, no deberían tener problemas para levantar capital o conseguir socios. Capital en México hay; muchas veces la queja es que faltan proyectos”, señaló.
