El USTR realizó audiencia pública 3–5 de diciembre rumbo a la revisión sexenal 2026 del USMCA; se anticipan fricciones por energía y empresas estatales. México abrió consulta pública.
El tablero comercial de Norteamérica se movió en una sala de audiencias: del 3 al 5 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) celebró la audiencia pública que alimentará el informe para la revisión conjunta del USMCA prevista para el 1 de julio de 2026. Comparecieron cámaras, empresas, sindicatos y tanques de pensamiento para fijar posiciones sobre competitividad, reglas de origen, disputas laborales y, cada vez más, energía. El proceso no es un tecnicismo: puede derivar en renegociaciones o, en escenarios extremos, en amenazas de salida del acuerdo por parte de Washington, como sugirieron recientes declaraciones que encendieron alertas en mercados.
Para México, el foco energético es inevitable. Las políticas sobre empresas del Estado, reglas de despacho y trato a inversiones privadas en hidrocarburos y electricidad han sido motivo de consultas y paneles en la etapa 2021–2024. En la audiencia, diversos participantes subrayaron que la certidumbre en energía —acceso no discriminatorio a permisos, tránsito y conexión a la red— es condición para no frenar el nearshoring. Análisis y minutas de la audiencia recopiladas por firmas legales y think tanks muestran que la energía cruzó la conversación sobre competitividad y seguridad económica.
Del lado mexicano, la Secretaría de Economía abrió en septiembre un proceso de consulta pública para recabar posiciones de sectores productivos rumbo a la revisión 2026, coordinándose con sus contrapartes en EE. UU. y Canadá. El mensaje: México quiere llegar con una postura trabajada y con evidencia del impacto del tratado. El calendario de USTR (audiencia en diciembre, reporte en 2026) y la ruta interna de México corren en paralelo. El desenlace marcará el marco de reglas que enfrentará la energía en la próxima década.
¿Por qué la energía puede encender fricciones? Primero, por el tamaño de las inversiones: gasoductos transfronterizos, exportaciones de gas natural y proyectos eléctricos dependen de certeza regulatoria. Segundo, por el papel de CFE y Pemex en mercados donde también operan privados; la sección de empresas del Estado del USMCA examina trato no discriminatorio y subsidios. Tercero, por la transición energética: EE. UU. y Canadá empujan cadenas de valor limpias (baterías, renovables), y México necesita reglas que atraigan capital y no lo alejen. Las comparecencias reflejaron ese roce: algunos piden alineamiento de políticas; otros piden flexibilidad por estrategias de seguridad energética.
El escenario 2026 tiene varias rutas. Una renovación “limpia” con ajustes menores; una renegociación que actualice capítulos clave (laboral, ambiente, energía, digital); o una fase de tensión política con amenazas de salida que sirvan de palanca negociadora. En todos los casos, el sector energético mexicano debe prepararse con argumentos técnicos: capacidad de red, acceso a permisos, transparencia en procesos de despacho, metas de emisiones y rol de empresas del Estado bajo criterios pro-competencia. La audiencia de diciembre fue el pistoletazo de salida. Lo que se diga —y pruebe— en los próximos meses moldeará la inversión 2026–2030.
