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Congresistas estadounidenses proponen obligar a su gobierno a actuar contra México por favorecer a Pemex y CFE, violando compromisos del T-MEC, afirman.
El Congreso de Estados Unidos ha abierto un nuevo frente en la creciente disputa comercial con México, al presentar una iniciativa bipartidista que busca forzar acciones concretas del gobierno de Joe Biden frente a lo que consideran una violación sistemática del T-MEC por parte del gobierno mexicano, debido a las políticas que fortalecen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de empresas privadas, especialmente estadounidenses.
Un mensaje claro desde Texas… con alcance continental
El proyecto de ley, presentado por un grupo de legisladores encabezado por los representantes Jodey Arrington (republicano) y Henry Cuéllar (demócrata), se suma a una ola de inconformidades acumuladas desde 2022, cuando comenzaron las consultas formales dentro del marco del T-MEC por las reformas regulatorias y administrativas implementadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuadas por Claudia Sheinbaum.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de los representantes Carol Miller, Nathaniel Moran, Beth Van Duyne, Aaron Bean y August Pfluger, la mayoría de ellos originarios de Texas, lo que resalta el carácter regional del conflicto. Texas —uno de los estados más afectados por las restricciones regulatorias mexicanas— alberga intereses energéticos clave, infraestructura de exportación hacia México y empresas que dependen de la apertura del mercado energético mexicano.
¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto establece un plazo de 90 días para que la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) informe al Congreso sobre las medidas adoptadas. La iniciativa ofrece dos rutas legales:
- Solicitar formalmente un panel de solución de controversias bajo el Capítulo 31 del T-MEC, mecanismo ya contemplado para dirimir disputas entre los socios del tratado.
- Aprovechar la revisión formal del T-MEC para presionar a México a garantizar acceso parejo y trato no discriminatorio a las empresas estadounidenses en los sectores de electricidad, hidrocarburos e inversiones energéticas.
- El trasfondo de la iniciativa es claro: México ha favorecido a Pemex y CFE mediante reformas regulatorias, cambios administrativos, cancelaciones de permisos y barreras burocráticas que limitan la operación de compañías privadas, principalmente de origen estadounidense.
T-MEC: ¿rumbo a una nueva crisis
El texto presentado al Congreso no sólo denuncia un desequilibrio comercial, sino que señala explícitamente un incumplimiento de compromisos fundamentales del T-MEC, lo que anticipa una postura más rígida del Legislativo estadounidense hacia México en futuras negociaciones o paneles.
Esta presión se produce en un contexto geopolítico delicado: México continúa integrándose como socio estratégico de EE.UU. y Canadá en cadenas de suministro regionales (en particular con el auge del nearshoring), mientras mantiene políticas que fortalecen el control estatal del sector energético.
Desde la perspectiva estadounidense, estas políticas distorsionan la competencia, frenan inversiones y obstaculizan la integración energética de Norteamérica. Además, la queja tiene un claro componente electoral: Texas es clave en las elecciones presidenciales de 2026 y el tema energético resuena entre electores y empresarios locales.
México entre la defensa de su soberanía energética… y el riesgo comercial
La administración mexicana ha defendido sus acciones bajo el argumento de la soberanía energética, señalando que su prioridad es garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, recuperar la capacidad productiva de Pemex y proteger a las empresas públicas frente a una liberalización excesiva.
Sin embargo, esta postura ha encendido alarmas en Washington. El proyecto legislativo no implica sanciones inmediatas, pero sí representa una advertencia formal: el Congreso de EE.UU. está dispuesto a pasar de la diplomacia a la presión política directa si no se atienden sus preocupaciones.
¿Qué sigue?
Si la Oficina del Representante Comercial acoge la solicitud y activa un panel, México podría enfrentar un fallo en contra, con implicaciones en acceso preferencial a mercados, aranceles punitivos o bloqueos sectoriales. También podría quedar expuesto a nuevas demandas internacionales, justo cuando el país necesita fortalecer su atractivo como destino de inversión.
El capítulo energético del T-MEC entra en una nueva etapa de tensión. El reto para el gobierno mexicano será encontrar el equilibrio entre la autonomía energética y el respeto a sus compromisos comerciales.
