El plan 2025-2035 de Pemex marca un punto de inflexión tras una década sin dirección clara. Requiere respaldo presupuestal, continuidad institucional y enfoque técnico para consolidar su viabilidad. Sin eso, será otro documento olvidado en un cajón.
Después de una década sin una guía clara, Petróleos Mexicanos ha presentado finalmente un plan estratégico a largo plazo: la visión 2025-2035. Más allá del voluminoso documento técnico y financiero, lo que está en juego es la viabilidad operativa y económica de la empresa más emblemática del Estado mexicano. Como señala el analista Ramses Pech, “un plan puede aguantar en papel cualquier dato, pero cuando se corre el lápiz y se pone el dinero es ahí donde empiezan a cambiarse los planes”.
Y justo por eso, el nuevo plan no puede quedar a la deriva de las coyunturas políticas o de las decisiones sexenales. Si Pemex quiere salir del estancamiento técnico-financiero en el que ha estado atrapado los últimos años, este plan necesita elevarse a rango constitucional o, al menos, blindarse con mecanismos de gobernanza que aseguren su continuidad y evaluación anual, más allá del partido o presidente en turno.
El enfoque del plan tiene dos pilares: uno técnico y otro financiero. En el primero, Pemex apuesta por incrementar su producción hasta 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 mil millones de pies cúbicos de gas, además de rehabilitar y aumentar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación a 1.3 millones de barriles procesados diariamente. En el segundo, el objetivo es reducir el peso de la deuda —que hoy obliga a pagar más de 158 mil millones de pesos en intereses anuales— y sustituirlo por flujos más sanos, apalancados en inversión pública y financiamiento productivo.
Pero el verdadero talón de Aquiles sigue siendo el presupuesto que cada año le otorga el Congreso. Sin una asignación multianual que respalde este plan, todo se puede venir abajo. Pemex no necesita más diagnósticos, necesita presupuesto suficiente, sostenido y etiquetado para mantener la operación, invertir en exploración, rehabilitar sus plantas y, sobre todo, pagar a sus proveedores. Según Ramses Pech, si se logra reducir en 50% la deuda con proveedores en 2026, se podría atraer talento técnico y empresas sólidas, no portafolios oportunistas.
También hay elementos nuevos que valen la pena destacar. Uno de ellos es la intención de usar contratos de desarrollo mixto no solo para exploración, sino para modernizar procesos industriales, incluyendo refinerías, petroquímica y fertilizantes. De los 21 proyectos enlistados, al menos 11 ya están documentados, y su éxito dependerá de qué tan atractiva sea su rentabilidad para los inversionistas. Si se gestiona bien, estos esquemas podrían aportar hasta 450 mil barriles diarios a la plataforma nacional.
En cuanto a refinación, se proyecta un salto del 67% al 76% en la utilización de la capacidad instalada, con un acumulado de 189 mil millones de pesos para rehabilitar plantas entre 2025 y 2035. La producción de gasolinas debería crecer un 85% para poder cubrir parte de la demanda nacional, aunque incluso en el escenario más optimista seguirá siendo necesario importar entre 50 y 190 mil barriles diarios.
El problema de fondo no es técnico: Pemex tiene conocimiento, experiencia y proyectos listos. El problema es político y presupuestal. Por eso es urgente blindar el plan a nivel institucional, establecer indicadores clave de rendimiento (KPI), vincularlos al presupuesto y sancionar su incumplimiento. Si no lo hacemos, no solo estaremos desperdiciando una nueva oportunidad, sino comprometiendo la soberanía energética del país.
Pemex no puede seguir operando con sobresaltos sexenales. Si queremos una empresa estatal fuerte y competitiva, necesitamos planificación estratégica con continuidad operativa. Y eso, aunque suene paradójico, requiere sacar la política de la ecuación y poner el interés técnico y financiero por delante. Así de simple, así de urgente.
