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La reciente reestructura de Pemex Transformación Industrial refleja simulación, favoritismos y más gasto, sin rendición de cuentas ni mejora en resultados operativos o financieros.
El pasado 22 de mayo, Pemex anunció con bombo y platillo una supuesta reestructuración en su otrora Dirección de Pemex Transformación Industrial (PTRI), hoy renombrada como Dirección de Procesos Industriales. Sin embargo, lo que se presentó como una medida de eficiencia organizacional y austeridad, resulta, al analizarse con detenimiento, en una maniobra burocrática que burla la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
La “reestructura” eliminó una subdirección y 17 gerencias… pero creó una nueva Dirección de Comercialización con tres subdirecciones y nueve gerencias. El resultado neto: más niveles jerárquicos, más plazas y más gasto, disfrazado de eficiencia. Esta operación no solo contradice el espíritu de la austeridad republicana que tanto pregona la administración actual, sino que también muestra una preocupante falta de transparencia en el uso del dinero público.
¿Quién se beneficia de este esquema? La respuesta parece estar en los nombres que se repiten. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, quien fue director de PTRI con los peores resultados en refinación en décadas, ha sido ratificado ahora como cabeza de la Dirección de Procesos Industriales. Bajo su gestión, Pemex registró pérdidas por más de 180 mil millones de pesos, a pesar del incremento en crudo procesado y petrolíferos producidos. Lejos de ser evaluado y removido, es premiado con la continuidad en el cargo.
Peor aún, su círculo cercano ha estado implicado en decisiones costosas y opacas. Blanca Marisa Mendoza Muñoz, anterior subdirectora de Abasto, incurrió en sobrecostos de hasta 30% por demoras de barcos importadores. Su mala programación del abasto ha afectado directamente a clientes, quienes han sido reubicados en terminales fuera de su zona de operación: un claro desincentivo para quienes aún dependen de Pemex.
El caso de Rubén Ramírez Rosales es otro ejemplo del nepotismo descarado. Responsable de un sobrecosto de más de 4 mil millones de dólares en la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas, hoy ocupa la Subdirección de Fertilizantes. Allí, ha contratado y jubilado amigos, como Julio César Alcázar Pérez, recontratado como director de Proagrodustria pese a tener demandas laborales activas contra Pemex.
Ángel Rosete Rodríguez, otro integrante del “círculo de amigos” de Lechuga, fue premiado recientemente con la Subdirección de Procesos de Gas y Derivados, pese a tener los centros procesadores de gas en abandono total. Basta revisar la producción de gas y petroquímicos de los últimos seis meses para dimensionar su omisión.
Todo esto deja un sabor amargo. En un momento crítico para Pemex, cuando el país enfrenta pérdidas económicas por desabasto, combustibles adulterados, huachicol fiscal y escasez en varias regiones, la empresa responde con simulación, lealtades personales y complicidad interna.
La reciente salida de Sergio Rosado Flores, encargado de la evaluación regulatoria de Pemex, también despierta sospechas. ¿Estaba Rosado investigando contratos turbios? ¿Existen empresas que usan papelería oficial de Pemex para vender huachicol o combustible adulterado?
Este tipo de reestructuras no fortalecen a Pemex, lo debilitan. La petrolera estatal no necesita más oficinas, sino resultados. No necesita proteger amigos, sino asegurar transparencia. La corrupción institucional comienza cuando se recompensa la incompetencia y se encubre la negligencia con palabras como “austeridad” y “reestructura”.
Hoy más que nunca, el consejo de administración de Pemex debe responder: ¿a quién sirve la empresa? ¿A los ciudadanos o a los intereses de unos cuantos?
