El gobierno de Coahuila considera esta venta como uno de los principales problemas económicos y laborales del estado debido a sus consecuencias para miles de trabajadores.
El plazo para garantizar la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) venció el pasado 13 de octubre sin que la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) que presentó una oferta de mil 400 millones de dólares por ambas compañías avanzara en el proceso de compra. Esto puso en alerta al juzgado, quien deberá tomar alguna decisión tras el vencimiento del plazo.
Se dio a conocer que CIESA no acreditó el depósito de 50 millones de dólares exigido para continuar con la operación. Tampoco se reportó el cumplimiento de este requisito por parte de alguno de los otros postores precalificados.
Por tanto, al cumplirse el vencimiento del plazo establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, no se recibió la garantía de seriedad, de acuerdo con información de la sindicatura de AHMSA.
Cabe destacar que el plazo de 10 días hábiles fue concedido después de la subasta del 25 de septiembre, cuando CIESA, encabezada por el empresario José Arturo Domínguez, presentó una propuesta superior al precio mínimo establecido en las bases, pero sin entregar documentación que acreditara su solvencia económica ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.
¿Qué pasará con AHMSA y MINOSA?
Ante esta situación, la jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó una última oportunidad tanto a CIESA como a los demás participantes previamente calificados para acreditar el depósito o transferencia de la garantía, requisito indispensable para avanzar hacia la adjudicación de los activos de la siderúrgica.
De acuerdo con la sindicatura, corresponderá al juzgado determinar las consecuencias del incumplimiento y definir si el procedimiento de venta continúa abierto para recibir nuevas propuestas de los postores precalificados.
Ante este panorama, el juzgado podría considerar las siguientes rutas:
- El juzgado determine las consecuencias del incumplimiento. La sindicatura señaló que será el propio juzgado el que defina qué efectos tiene el hecho de que no se haya acreditado la garantía.
- Mantener abierto el procedimiento de venta. El juzgado deberá definir si el procedimiento continúa abierto para recibir nuevas propuestas de los postores precalificados.
- La participación de los acreedores garantizados. Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaron constituir un consorcio para intervenir en la adquisición de la empresa. La jueza concedió un plazo de 90 días para analizar esa solicitud, aunque los interesados promovieron un recurso para reducir el periodo de revisión, que hasta ahora no ha sido resuelto.
Es improbable una tercera subasta
Asimismo, la sindicatura consideró poco probable la realización de una tercera subasta, debido a que la primera fue declarada desierta y el segundo procedimiento permanece sujeto a las determinaciones judiciales.
Horas antes del vencimiento, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, celebró que se rechazara la solicitud de prórroga y advirtió que la compra de AHMSA no podía considerarse encaminada mientras no se acreditara el depósito de los 50 millones de dólares.
“Nos dio gusto que les negaran la prórroga, porque esto no es un tema para andar jugando. Lo hemos dicho desde un principio: es un tema muy serio, es un tema del que estamos al pendiente miles de coahuilenses”, declaró el mandatario local a un programa de radio.
El mandatario explicó que, una vez cubierta la garantía inicial, el interesado tendría un plazo de 90 días para cumplir con el pago de la adquisición, por lo que insistió en que la operación solamente podría avanzar con recursos efectivamente depositados.
Jiménez señaló que la crisis de AHMSA constituye uno de los principales problemas económicos y laborales de Coahuila, debido a sus consecuencias para miles de trabajadores, proveedores y familias de la región Centro.
Vale destacar que la venta de AHMSA y MINOSA forma parte de los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, respectivamente, cuyo procedimiento busca la enajenación de ambas compañías como unidad productiva.
Con el vencimiento del plazo y sin una garantía acreditada al corte informado, el futuro de la operación queda sujeto a una nueva determinación judicial, mientras miles de trabajadores continúan a la espera de una solución para la siderúrgica.
