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Una planta de amoníaco de mil 250 MDD divide a Topolobampo: mientras la empresa y el gobierno apuesta por el proyecto, comunidades alertan sobre sus impactos.
En la costa oriental del Golfo de California se ubica Topolobampo, un puerto de Sinaloa donde la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) impulsa un megaproyecto para construir una planta de amoníaco. La instalación está diseñada para producir este compuesto a gran escala, con el objetivo de abastecer principalmente a la industria de fertilizantes para el sector agrícola, así como a otras actividades industriales, entre ellas la manufactura textil.
Este plan contempla una inversión de mil 250 millones de dólares, la cual es respaldada por el Banco de Reconstrucción de Alemania. Sin embargo, Enrique Ayala del colectivo defensor del sistema lagunar Santa María- Ohuira-Topolobampo, ¡Aquí No!, quien además es nativo de la bahía, dijo para Industry & Energy Magazine que la situación va más allá de un proyecto.
“Estamos hablando de un gran proyecto de industrialización de la zona (…) el proyecto general también pidió la autorización para una planta de urea y posteriormente otra de metanol”, menciona.
La planta de amoniaco tiene previsto utilizar cerca de dos mil doscientas toneladas de gas natural que viene desde Texas y pasarán por gasoductos con terminal en la bahía. Además, en segunda instancia el proceso de producción de amoníaco implica el uso de vapor de agua a alta presión y temperaturas cercanas a los 800 °C para generar hidrógeno y monóxido de carbono. El agua vendrá del sistema lagunar denominado Santa María-Topolobampo-Ohuira.
Foto: cortesía de Enrique Ayala.
“Podrían extraer alrededor de dos mil metros cúbicos de agua por hora. Durante la succión llevarían y destrozarían una gran cantidad de larvas porque esta bahía incuba la vida marina del Golfo de California”, alerta Enrique Ayala, habitante de la zona.
Colectivos indígenas de la comunidad mayo-yoreme también se han levantado en contra de este megaproyecto que inició desde 2021 y que, desde entonces se han intervenido veintiséis hectáreas, las cuales incluían manglares y centros ceremoniales de la comunidad Ohuira.
Otro de los riesgos son las descargas de aguas residuales o condensado de procesos, provenientes del proceso de purificación y síntesis, Ayala alerta que si el agua entra a mar abierto podría cambiar su estado natural debido a la acumulación de temperatura que tiene el agua posterior a lo producción de amoníaco, lo cual causaría la muerte de larvas u otros seres marinos.
Gobierno promueve el proyecto
Durante las últimas semanas, este megaproyecto ha generado diversos comentarios, entre los que destacan los de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante una de sus conferencias mañaneras afirmó que el proyecto se encontraba avanzado en un 95 por ciento.
Foto: cortesía de Enrique Ayala.
Además, distintas dependencias del gobierno Federal como la Secretaría de Economía y la Semarnat impulsan la planta de amoniaco, argumentando que fortalecerá la soberanía alimentaria y reducirá las importaciones de fertilizante, ya que el amoníaco es usado a nivel industrial para producir fertilizantes dirigidos principalmente a la agricultura, sin embargo, es considerado un contaminante primario que afecta la calidad del aire, el suelo y los ecosistemas.
Ayala menciona que a raíz de la manifestación pacífica que inició el 7 de junio de 2026, a las afueras del predio donde se pretende construir la planta, no ha habido paso para los camiones de construcción, por lo que la obra no ha continuado y que el proceso de construcción de la planta se puede encontrar en un 60 por ciento.
Las comunidades indígenas y pesqueras de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas también han llevado su oposición a los tribunales. A través de los amparos en revisión 497/2021 y 498/2021, buscan frenar la construcción de la planta y lograr la restitución del hábitat natural de la bahía. El caso permanece pendiente de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ojalá en las pláticas con el gobierno federal podamos abrir esa sensibilidad para que se den cuenta que está poniendo en riesgo no solo a una comunidad, sino a la vida, la estabilidad emocional, y el derecho a una vida sana”, enfatiza Ayala.
