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El gobierno busca ampliar la cobertura de internet, pero expertos advierten fallas en diseño y financiamiento.
El gobierno mexicano presentó una nueva hoja de ruta para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país con el Plan Nacional de Conectividad 2026–2030 (PNC) y el Programa de Cobertura Social (PCS) 2026, instrumentos que buscan extender el acceso a internet, particularmente en comunidades con mayor rezago social.
El eje central de la estrategia es elevar la cobertura nacional de internet del 94% al 98% hacia 2030, mediante la expansión de infraestructura terrestre y satelital, así como el fortalecimiento de la participación institucional. La política se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Metas ambiciosas para 2026
El Programa de Cobertura Social establece metas concretas para el corto plazo. Para 2026, el gobierno pretende conectar a 1 millón 411 mil 405 personas adicionales, a través de distintas acciones coordinadas entre instituciones públicas.
Entre las principales estrategias destacan:
- Despliegue de infraestructura en zonas sin cobertura.
- Uso de capacidad satelital en regiones dispersas.
- Incentivos regulatorios para operadores.
- Apoyo a pequeños proveedores de telecomunicaciones.
El plan identifica más de 9,000 localidades prioritarias, concentradas principalmente en el sur y sureste del país, donde el mercado no ha logrado ofrecer servicios adecuados.
Participación institucional
La ejecución del plan involucra a diversas entidades, como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Promtel y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cada una tendrá responsabilidades específicas. Por ejemplo:
- La CRT impulsará descuentos en espectro para beneficiar a más de 827 mil personas.
- Promtel promoverá la expansión de operadores, con impacto en más de 100 mil usuarios.
- La cobertura satelital sumará cerca de 270 mil personas conectadas.
Estas acciones deberán consolidarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Críticas por limitaciones estructurales
Pese a los objetivos planteados, el plan ha recibido cuestionamientos por parte de especialistas. De acuerdo con ICT Development Consulting, el documento presenta problemas conceptuales y de diseño de política pública.
El principal señalamiento es que, aunque el diagnóstico reconoce que la brecha digital es multidimensional, la solución se centra casi exclusivamente en la infraestructura.
“A un problema complejo se le da una solución lineal”, advierte la firma.
Además, se identifican otras inconsistencias:
- Se equipara cobertura con acceso efectivo, lo que puede inflar resultados.
- Se considera el acceso en espacios públicos como equivalente al domiciliario.
- No se incluyen políticas sólidas de asequibilidad, como subsidios o tarifas sociales.
Falta de claridad financiera
Uno de los puntos más críticos es la ausencia de un esquema claro de financiamiento. El plan no detalla presupuestos, fuentes de inversión ni costos estimados, lo que lo vuelve más aspiracional que operativo.
Esto resulta relevante si se considera que, según organismos internacionales, conectar al último 10% de la población puede representar hasta la mitad del costo total de infraestructura.
Asimismo, el documento no contempla una estrategia robusta para garantizar el acceso a dispositivos ni el desarrollo de habilidades digitales, factores clave para una conectividad efectiva.
Un reto más allá de la infraestructura
Aunque el gobierno apuesta por ampliar la cobertura como motor de desarrollo social y económico, los especialistas coinciden en que el desafío es más amplio.
La brecha digital no sólo depende de infraestructura, sino también de factores como educación, ingresos, contenidos y capacidades tecnológicas. Sin atender estos elementos, advierten, la conectividad podría quedarse en el plano teórico.
