SENER incorporó por primera vez a los BESS a la Manifestación de Impacto Social y clasificó proyectos por MWh, elevando exigencias arriba de 250 MWh.
El almacenamiento con baterías en México dejó de ser “tierra de nadie” regulatoria y entró a una fase donde el componente social ya no es accesorio, sino requisito. La Secretaría de Energía (SENER) incorporó por primera vez a los sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) dentro de la Manifestación de Impacto Social y definió una clasificación de proyectos por capacidad en MWh, con un umbral que cambia el juego para los desarrollos de gran escala: por arriba de 250 MWh se elevan las exigencias regulatorias y, con ello, el calendario completo de desarrollo, financiamiento y ejecución.
La decisión se enmarca en la publicación de la MISSE 2026 (Manifestación de Impacto Social del Sector Energético), que formaliza una práctica que muchos desarrolladores ya anticipaban: en proyectos utility-scale, la viabilidad ya no se define solo por interconexión, ingeniería y costos, sino por el ordenamiento territorial, la gestión social y la trazabilidad de impactos. En la práctica, la MIS para BESS introduce un carril adicional en el “critical path” del proyecto. No se trata únicamente de entregar un documento, sino de alinear evidencia, trabajo en territorio, comunicación con actores locales y una narrativa de impacto que sea consistente con el tamaño del sistema.
El almacenamiento ha estado creciendo como pieza clave para la estabilidad del sistema, especialmente en un país donde la conversación sobre confiabilidad, flexibilidad y control de frecuencia se volvió más intensa. Pero el cambio de SENER agrega una dimensión de gobernanza: desde 2026, el proyecto no se evalúa solo por su aporte técnico, sino por su capacidad de integrarse socialmente a la región donde se instala. Ese giro es particularmente relevante para desarrollos que antes podían “apilarse” en zonas industriales o cercanas a nodos de transmisión sin una ruta social comparable a la de una central eléctrica tradicional.
El umbral de 250 MWh funciona, además, como una frontera simbólica y operativa. PV Magazine México reportó que la clasificación por MWh fija mayores exigencias regulatorias para proyectos por encima de ese tamaño, lo cual modifica de forma directa la planeación territorial y financiera del almacenamiento a gran escala. La lectura inmediata para el mercado es que los BESS grandes tendrán que presupuestar más tiempo y más costo de predesarrollo, con un impacto directo en bancabilidad y en la forma en que se estructuran contratos y garantías.
Un efecto colateral es el rediseño del “pipeline” de proyectos: desarrollos que estaban listos en ingeniería pueden entrar a una etapa de ajuste documental y social; otros, todavía en fase de origination, podrían replantear ubicación o tamaño para quedar en una categoría menos exigente. En mercados donde el almacenamiento se integra como complemento de renovables, el cambio puede mover la conversación hacia soluciones híbridas escalonadas, o hacia proyectos con etapas de expansión planificada, para no enfrentar de golpe un umbral regulatorio más alto.
El impacto se siente también en los actores que normalmente quedan fuera del mapa del sector eléctrico, pero que con la MIS entran a la ecuación: propietarios de tierra, ejidos, comunidades, autoridades municipales y organizaciones locales. Para el desarrollador, eso exige profesionalizar el frente social con la misma disciplina que el frente técnico. Y para inversionistas y financiadores, abre una nueva capa de due diligence: la pregunta ya no es solo si el proyecto tiene interconexión viable, sino si su gestión social está madura, documentada y defendible ante auditorías.
La medida llega en un momento donde el almacenamiento se discute como tecnología habilitadora para flexibilidad del sistema. Pero el mensaje implícito es otro: si las baterías se van a expandir a escala país, lo harán bajo reglas similares a otros proyectos energéticos en términos de impacto social. En el corto plazo, eso puede generar fricción por curva de aprendizaje, especialmente para empresas que venían operando BESS como infraestructura “menor” frente a centrales grandes. En el mediano, genera un estándar mínimo que puede reducir incertidumbre si el mercado lo internaliza rápido.
Al final, la MIS para BESS no es un ajuste administrativo; es una señal de que el almacenamiento ya es tratado como infraestructura estratégica y, por lo mismo, sujeto a una arquitectura de permisos donde el componente social forma parte del costo real de construir y operar.
