México pidió extraditar a la familia Jensen por contrabandear crudo robado a Pemex hacia Texas, usando empresas fantasma, documentos falsos y presunto vínculo CJNG.
El “huachicol” dejó de ser únicamente un delito local asociado a ordeñas de ductos para convertirse en un esquema transfronterizo con rutas, empresas pantalla, falsificación documental y presuntos vínculos con organizaciones criminales. En esa categoría entra el caso Jensen: el Gobierno de México solicitó la extradición de una familia estadounidense acusada en Estados Unidos de operar como enlace para sacar crudo robado de Pemex desde México hacia Texas, en un contrabando que invierte la narrativa más común del tráfico de combustibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente la solicitud de extradición. La acusación que pesa sobre la familia, de acuerdo con la cobertura, describe el envío clandestino de miles de cargamentos de crudo robado, con una ganancia aproximada de 300 millones de dólares antes de detenciones previas. El elemento disruptivo del caso es precisamente la dirección: en lugar de combustible que entra a México, se describe una operación que saca producto hacia el norte, aprovechando infraestructura logística y comercial en la frontera y en territorio estadounidense.
El expediente se sostiene sobre la hipótesis de un esquema con múltiples capas en el cual se utilizó una red que habría utilizado empresas fantasma mexicanas y estadounidenses para disfrazar la naturaleza del producto, evadir impuestos y “blanquear” su origen mediante declaraciones aduanales falsas. Entre los mecanismos descritos está declarar cargamentos como “lubricantes” u otros derivados para ocultar que se trataba de crudo robado.
Luxemborg Trading LLC, con sede en Texas, es la pieza central de la red, en coordinación con compañías en México —incluyendo entidades ubicadas en Reynosa, Tamaulipas— que habrían participado en el flujo del producto. Esas compañías habría enviado volúmenes relevantes en un periodo de años, y que parte de la operación habría persistido a pesar de sanciones en México, lo que sugiere una capacidad de resiliencia operativa y de sustitución de razones sociales.
La parte más sensible del caso, por su impacto político y de seguridad, es el presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El País reportó que la acusación en Estados Unidos presenta a los Jensen como enlace del CJNG al norte del Río Bravo para blanquear y distribuir el producto robado; en una reconstrucción más amplia del caso, se describe el pago de “piso” y la canalización de recursos hacia el grupo criminal, con montos específicos citados en el reportaje.
En expedientes estadounidenses ligados al caso de contrabando de crudo desde México, el Departamento de Justicia ha informado previamente sobre acusaciones por “material support” a un cartel y sobre decomisos y acciones de aseguramiento vinculadas a la operación, incluyendo activos y un reclamo de juicio monetario por 300 millones de dólares. Ese tipo de elementos ayuda a entender por qué la extradición se vuelve relevante para México: el caso no es presentado como contrabando menor, sino como una operación de escala industrial con impacto fiscal y patrimonial para Pemex.
Una dificultad al cubrir el tema con precisión está en el número de envíos referidos, que puede variar según el documento y el periodo analizado. En la confirmación de la solicitud de extradición, Se habla de más de 2,800 cargamentos; en la reconstrucción posterior, se mencionan más de 4,000 cargamentos entre 2018 y 2025, en la narrativa de la acusación y el juicio en Estados Unidos. La diferencia suele obedecer a cortes temporales, tipologías de envío o actualizaciones del expediente. En términos periodísticos, el punto es consistente: se trata de miles de movimientos, no de decenas.
En el plano energético, el caso Jensen se conecta con dos debates estructurales. El primero es el de pérdidas patrimoniales y fiscales: crudo robado no solo es un golpe a inventarios; también es evasión de impuestos cuando se introduce al mercado como producto “legalizado” por documentos falsos. El segundo es el de trazabilidad: cuánto control real existe sobre cadenas de custodia en puntos críticos, desde patios de maniobra hasta aduanas, y cómo se valida el origen del producto una vez cruza la frontera.
Mientras se procesa la solicitud de extradición, lo que se mantiene es la relevancia del expediente como termómetro del nuevo huachicol: organizado, transnacional, con soporte corporativo aparente y presunta gobernanza criminal detrás del flujo de mercancías.
